El presidente Gustavo Petro ha desatado una tormenta institucional con su propuesta de convocar una consulta popular por decreto, una decisión que no solo ha generado fisuras dentro del gabinete, sino que enfrenta el rechazo de las altas cortes y la Registraduría Nacional. Todo esto ocurre mientras la Fiscalía imputa cargos a dos exfuncionarios cercanos a Petro por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Aunque el Gobierno insiste en que el Senado no se pronunció legítimamente sobre la convocatoria de la consulta, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, desmintió esa interpretación. Según Cepeda, el pasado 14 de mayo se dio una votación válida en la que la mayoría se opuso a la consulta: “49 votos por el NO y 47 votos por el SÍ”.
Tensión en el gabinete
El descontento no solo se vive fuera del Palacio de Nariño. Algunos ministros, según conoció el medio El Colombiano, expresaron su rechazo al decreto, lo que llevó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a advertir que “el que no quiera hacerlo se puede ir”. Incluso hay contradicciones internas: el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el decreto se radicaría el 12 de junio, mientras Petro dijo que sería esta misma semana.
“El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas (...) es en esta semana, no tenemos mucho tiempo para citar, ya hemos hecho Bogotá y Barranquilla, que dijeron que porque dieron refrigerio se llenó la plaza hasta las 8:00 de la noche. Entonces, ¿Dónde lo hacemos ahora? Cali o Medellín”, afirmó Petro en la noche del pasado martes.
¿Quién puede frenar el “decretazo”?
Existen tres actores clave que podrían detener la consulta popular vía decreto: la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Registraduría Nacional. En un giro polémico, el Gobierno busca llevar el decreto ante la Corte Constitucional en lugar del Consejo de Estado, alegando que el artículo 241 de la Constitución le da competencia para decidir sobre consultas populares.
No obstante, expertos como el exregistrador Alfonso Portela consideran que esta estrategia carece de fundamento. “No tiene sentido radicar el decreto en la Corte Constitucional. En condiciones normales, un decreto de convocatoria de una consulta popular lo único que se hace es expedir el decreto y comunicarlo a la ciudadanía y al organismo electoral (Registraduría)”, indicó Portela.
Registraduría y tiempo en contra
Fuentes dentro de la Registraduría aseguraron a al medio citado que el registrador Hernán Penagos no procederá con la organización de la consulta hasta que una alta corte se pronuncie sobre la legalidad del decreto. Además, la logística de realizar la consulta en el exterior en un plazo de 60 días también representa un obstáculo.
“El registrador no tiene por qué proceder antes” de que se corrijan los posibles vicios legales del decreto, advirtió Portela. A su juicio, “la Registraduría puede y debe abstenerse de aplicar un decreto viciado”.
Oposición anuncia demandas y denuncias penales
El concejal Daniel Briceño (Centro Democrático) anunció acciones penales contra el presidente Petro y miembros del gabinete. La oposición también demandará el decreto ante el Consejo de Estado, que podría suspender sus efectos mientras se resuelve el caso de fondo.
“La Sección Quinta ya admitió una demanda contra la decisión del Senado de hundir la consulta”, explicó Portela, quien también señaló que si las demandas se acumulan, podrían resolverse en una sola decisión que defina el futuro del “decretazo”.
