En pocas semanas las calles colombianas quedarán invadidas por carteles políticos. En marzo, el país está llamado a elegir a sus miembros al Congreso Nacional y representantes al Parlamento Andino. En mayo, la cita será para decidir por el próximo presidente. Es probable también que en el primer semestre de 2014 se realicen elecciones extraordinarias por la alcaldía de Bogotá y un referendo revocatorio. La agenda electoral estará bastante agitada y los encargados de la publicidad política harán su agosto.
No obstante la inversión de miles de millones de pesos en carteles, vallas, pasacalles, pendones, avisos en paraderos y afiches, termina usualmente inundando espacios públicos en todos los pueblos y ciudades, asfixiando al ciudadano que donde quiera que mire se enfrentará a un mensaje que lo llama a votar por un candidato.
Al finalizar las campañas, solo quedan toneladas de desechos que, si corren con la suerte de ser retiradas de las calles, no necesariamente son recicladas. Pero este fenómeno no solo afecta a Colombia; muchas ciudades latinoamericanas han estado azotadas por la contaminación que producen las propagandas políticas, y en ocasiones, son los ciudadanos los que tienen que tomar cartas en el asunto.
México
La capital mexicana ha sido de las urbes más castigadas por las oleadas de propagandas políticas en exteriores que surgen en épocas electorales. El año pasado fue crítico para el medio ambiente no solo del D.F. sino del resto del país. Los mexicanos fueron convocados a elecciones para nuevo presidente, comicios para renovar el Congreso de la Unión, y elecciones de gobernantes y legisladores en diferentes estados.
Tan solo en el distrito capitalino, las autoridades ambientales y de ordenamiento territorial identificaron que el 96% del material propagandístico estaba colocado en sitios no permitidos. Ante la insistencia ciudadana, hubo una serie de operativos que permitieron el retiro de 106 mil piezas publicitarias ilegales, equivalentes a 76.9 toneladas que resultaron en la basura. A esto se sumó que tras las elecciones se retiraran 46.5 toneladas de propaganda electoral legal, incluyendo pendones, afiches en postes, puentes y árboles, todo esto en 52 mil piezas publicitarias.
La alerta fue mayor cuando se supo que en todo el país, tras dichos eventos políticos, fueron recogidas 2.500 toneladas de basura electoral, y que de todo ese material sólo era posible reciclar hasta un 40%.
Lo paradójico es que las regulaciones federales son exigentes en prohibir que se ubiquen publicidades electorales en sitios públicos, que afecten la estética urbana y que estén elaborados en materiales que dañen el medio ambiente. Todo esto es desacatado en México.
La ciudadanía no se quedó con los brazos cruzados. Un histórico movimiento a través de redes sociales convocó a miles de personas a tomar el sartén por el mango y retirar ellos mismos la molesta “basura electoral”. A través de Twitter, un movimiento propuso una tendencia llamada #QuitaUnAnuncio y la cuenta @Quitaunanuncio que estuvo en los primeros lugares de discusión de esta red por varios días. Cada usuario hacía lo propio; arrancaba un afiche o valla de la calle y tomaba una foto mostrando su indignación por la molestia provocada por el aviso. Los partidos políticos se molestaron, fueron a poner la queja a la autoridad electoral y salieron regañados: la actividad ciudadana era completamente legítima, e incluso les ayudó a los gobernantes a suplir su deficiente control sobre la propaganda política ilegal.
Guatemala
Durante los comicios generales de Guatemala, a finales de 2011, a los partidos políticos no les bastaron las calles, parques y edificios de diferentes ciudades para divulgar las propagandas de sus candidatos a la presidencia y al Congreso de la República. Como una inédita y escandalosa práctica fue calificada la actividad de pintar los árboles de parques y vías nacionales con colores distintivos de las diferentes agrupaciones políticas.
La Ley Electoral del país centroamericano es clara en establecer que está prohibido hacer propaganda electoral pegando papeles o pintando en propiedad pública, especialmente si afectan el entorno natural. Desde el año pasado, el Tribunal Supremo Electoral empezó a emitir fallos para obligar a los partidos a pagar multas que superaban los 6 mil dólares por cada infracción cometida. La Cámara de Industria de Guatemala estima que en vallas publicitarias y afiches, los partidos invistieron durante el periodo de campaña general de 2011 unos 2.8 millones de dólares.
Chile
Las elecciones generales en Chile, especialmente las presidenciales que concluyeron hace menos de dos semanas con la elección de Michelle Bachelet como presidenta por segunda vez, dejaron un incómodo rastro de contaminación por las toneladas de propaganda electoral que resultaron de las campañas. La molestia ciudadana está en que, no contentos con inundar las calles con carteles, palomas y gigantografías, hay una ley que obliga a los partidos y candidatos independientes a retirar su propaganda dentro de los tres días siguientes a las votaciones. La prensa local denuncia que una semana después del 15 de diciembre, aún nadie se hacía cargo de cantidades impresionantes de desperdicio post-electoral.
En Santiago, la capital, la Intendencia Metropolitana (organismo del Ministerio de Interior y Seguridad), alertó no obstante que el efecto sobre la población podría percibirse no sólo días después del llamado a las urnas, sino durante la campaña. “La indiscriminada presencia de propaganda en la vía pública puede llegar a afectar entre un 30 y 70 por ciento la visibilidad de conductores y peatones en sus desplazamientos”, alertó.
Sin embargo, defensores del uso excesivo de la propaganda política en elecciones han pedido destacar que los candidatos le han apostado más a propagandas por medios masivos y ocasionales avisos digitales en edificios que autorizan poner pantallas gigantes en sus azoteas. Es decir, prometen que van reduciendo la dependencia a impresiones en papel o plástico.
Colombia
Casi todas las ciudades y pueblos colombianos han sido constantes víctimas de la andanada de propagandas exteriores de candidatos y partidos políticos en tiempo de elecciones. Las regulaciones son claras, aunque siempre se violen. La más reciente reglamentación es la Resolución 832 del 5 de marzo de 2013 del Consejo Nacional Electoral. Sobre los límites de publicidad exterior permitida, solamente hay claridad sobre el uso de vallas autorizadas por movimiento político. El artículo sexto restringe a máximo 5 vallas de publicidad electoral las autorizadas en municipios de segunda hasta sexta categoría, es decir los pueblos considerados pequeños y medianos. Se permitirán hasta 20 vallas en grandes municipios y capitales de departamento, y en Bogotá habrá de derecho de instalar hasta 40 vallas. El tamaño máximo permitido para estas publicidades es de 48 metros cuadrados.
Otra reglamentación que podría ser considerada por todos los ciudadanos para no verse vulnerados en su espacio público es la Ley 140 de 1994. En ella se prohíbe el uso de publicidad exterior visual en áreas que constituyan espacio público (como parques y calles), cerca a bienes declarados monumentos nacionales, en propiedad privada sin autorización del propietario (como en paredes de edificios) o sobre infraestructura pública como postes, torres eléctricos y edificios estatales. Si hay que ser sinceros, todas las anteriores restricciones han sido históricamente infringidas durante el tiempo electoral en casi todas las poblaciones colombianas.
Cada autoridad local puede reglamentar las autorizaciones para la puesta de propaganda electoral en sus poblaciones. También reglamentarán las multas a infractores. Bogotá, una de las capitales más azotadas por este tipo de avisos, empieza a prepararse para la andanada de propaganda que no solo incluiría afiches, pasacalles y pendones de aspirantes al Congreso o la Presidencia, sino eventualmente también a la Alcaldía distrital.
Pues bien, la secretaría de Ambiente emitió un llamado a los partidos político para que le informen al gobierno capitalino el número de productos de propaganda que piensan instalar. Además anticiparon a las colectividades que “queda prohibida la propaganda a través de vallas o pantallas electrónicas en la ciudad. Está prohibida la instalación de afiches, pasacalles y pendones en el espacio público (vías, postes, puentes, edificios del estado o parques), sostenidos por personas y en los paraderos de los buses”. Las multas varían entre 10 y 104 millones de pesos a quienes inunden a la ciudad con anuncios proselitistas.
Honduras
De las elecciones nacionales del 24 de noviembre de 2013 quedaron dos inconformidades. La primera tiene que ver con el desconocimiento de su derrota por parte de la candidata presidencial Xiomara Castro, esposa del derrocado exmandatario hondureño Manuel Zelaya, quien denunció fraude electoral. La segunda controversia es porque, un mes después de los comicios, las calles y bulevares de Tegucigalpa siguen inundadas por los afiches electorales.
El diario La Prensa de Honduras ha denunciado esta semana que los espacios públicos capitalinos, y de otras poblaciones hondureñas, “han quedado atestadas de basura tras el paso de las elecciones generales”. Según el rotativo, se estima que la campaña dejó unas 150 toneladas de desechos en todo el país, casi la mitad de esa cantidad en Tegucigalpa. La Prensa cita un ejemplo en la segunda ciudad más grande del país, San Pedro Sula: “Aunque empleados de la unidad de Parques y Bulevares de la Municipalidad comenzaron hace tres semanas un operativo para retirar la propaganda, la cantidad de afiches colocados durante la campaña fue considerable y no han podido culminar”.
Perú
En Perú sus ciudadanos no han escapado de los excesos de publicidad exterior durante épocas de campaña. Lima ha sido una de las ciudades más golpeadas por partidos políticos y candidatos infractores que desconocen la normativa electoral que, como en casi todos los países mencionados en este reportaje, son claros en prohibir el uso de espacios y bienes públicos como soporte para pegar publicidades.
En la capital, luego de alguna actividad electoral, son designados cientos de funcionarios de aseo para ayudar a la remoción de las propagandas. La ciudadanía denuncia laxitud para exigir a los políticos ceñirse a las reglas; en una oportunidad cada semana eran retirados carteles y vallas de un puente vehicular que desconcentraban a los conductores, y en otra oportunidad algunas publicidades tapaban los semáforos.
La ciudadanía no se quedó con los brazos cruzados. Un histórico movimiento a través de redes sociales convocó a miles de personas a tomar el sartén por el mango y retirar ellos mismos la molesta “basura electoral”. A través de Twitter, un movimiento propuso una tendencia llamada #QuitaUnAnuncio y la cuenta @Quitaunanuncio que estuvo en los primeros lugares de discusión de esta red por varios días. Cada usuario hacía lo propio; arrancaba un afiche o valla de la calle y tomaba una foto mostrando su indignación por la molestia provocada por el aviso. Los partidos políticos se molestaron, fueron a poner la queja a la autoridad electoral y salieron regañados: la actividad ciudadana era completamente legítima, e incluso les ayudó a los gobernantes a suplir su deficiente control sobre la propaganda política ilegal.
Guatemala
Durante los comicios generales de Guatemala, a finales de 2011, a los partidos políticos no les bastaron las calles, parques y edificios de diferentes ciudades para divulgar las propagandas de sus candidatos a la presidencia y al Congreso de la República. Como una inédita y escandalosa práctica fue calificada la actividad de pintar los árboles de parques y vías nacionales con colores distintivos de las diferentes agrupaciones políticas.
La Ley Electoral del país centroamericano es clara en establecer que está prohibido hacer propaganda electoral pegando papeles o pintando en propiedad pública, especialmente si afectan el entorno natural. Desde el año pasado, el Tribunal Supremo Electoral empezó a emitir fallos para obligar a los partidos a pagar multas que superaban los 6 mil dólares por cada infracción cometida. La Cámara de Industria de Guatemala estima que en vallas publicitarias y afiches, los partidos invistieron durante el periodo de campaña general de 2011 unos 2.8 millones de dólares.
Chile
Las elecciones generales en Chile, especialmente las presidenciales que concluyeron hace menos de dos semanas con la elección de Michelle Bachelet como presidenta por segunda vez, dejaron un incómodo rastro de contaminación por las toneladas de propaganda electoral que resultaron de las campañas. La molestia ciudadana está en que, no contentos con inundar las calles con carteles, palomas y gigantografías, hay una ley que obliga a los partidos y candidatos independientes a retirar su propaganda dentro de los tres días siguientes a las votaciones. La prensa local denuncia que una semana después del 15 de diciembre, aún nadie se hacía cargo de cantidades impresionantes de desperdicio post-electoral.
En Santiago, la capital, la Intendencia Metropolitana (organismo del Ministerio de Interior y Seguridad), alertó no obstante que el efecto sobre la población podría percibirse no sólo días después del llamado a las urnas, sino durante la campaña. “La indiscriminada presencia de propaganda en la vía pública puede llegar a afectar entre un 30 y 70 por ciento la visibilidad de conductores y peatones en sus desplazamientos”, alertó.
Sin embargo, defensores del uso excesivo de la propaganda política en elecciones han pedido destacar que los candidatos le han apostado más a propagandas por medios masivos y ocasionales avisos digitales en edificios que autorizan poner pantallas gigantes en sus azoteas. Es decir, prometen que van reduciendo la dependencia a impresiones en papel o plástico.
Colombia
Casi todas las ciudades y pueblos colombianos han sido constantes víctimas de la andanada de propagandas exteriores de candidatos y partidos políticos en tiempo de elecciones. Las regulaciones son claras, aunque siempre se violen. La más reciente reglamentación es la Resolución 832 del 5 de marzo de 2013 del Consejo Nacional Electoral. Sobre los límites de publicidad exterior permitida, solamente hay claridad sobre el uso de vallas autorizadas por movimiento político. El artículo sexto restringe a máximo 5 vallas de publicidad electoral las autorizadas en municipios de segunda hasta sexta categoría, es decir los pueblos considerados pequeños y medianos. Se permitirán hasta 20 vallas en grandes municipios y capitales de departamento, y en Bogotá habrá de derecho de instalar hasta 40 vallas. El tamaño máximo permitido para estas publicidades es de 48 metros cuadrados.
Otra reglamentación que podría ser considerada por todos los ciudadanos para no verse vulnerados en su espacio público es la Ley 140 de 1994. En ella se prohíbe el uso de publicidad exterior visual en áreas que constituyan espacio público (como parques y calles), cerca a bienes declarados monumentos nacionales, en propiedad privada sin autorización del propietario (como en paredes de edificios) o sobre infraestructura pública como postes, torres eléctricos y edificios estatales. Si hay que ser sinceros, todas las anteriores restricciones han sido históricamente infringidas durante el tiempo electoral en casi todas las poblaciones colombianas.
Cada autoridad local puede reglamentar las autorizaciones para la puesta de propaganda electoral en sus poblaciones. También reglamentarán las multas a infractores. Bogotá, una de las capitales más azotadas por este tipo de avisos, empieza a prepararse para la andanada de propaganda que no solo incluiría afiches, pasacalles y pendones de aspirantes al Congreso o la Presidencia, sino eventualmente también a la Alcaldía distrital.
Pues bien, la secretaría de Ambiente emitió un llamado a los partidos político para que le informen al gobierno capitalino el número de productos de propaganda que piensan instalar. Además anticiparon a las colectividades que “queda prohibida la propaganda a través de vallas o pantallas electrónicas en la ciudad. Está prohibida la instalación de afiches, pasacalles y pendones en el espacio público (vías, postes, puentes, edificios del estado o parques), sostenidos por personas y en los paraderos de los buses”. Las multas varían entre 10 y 104 millones de pesos a quienes inunden a la ciudad con anuncios proselitistas.
Honduras
De las elecciones nacionales del 24 de noviembre de 2013 quedaron dos inconformidades. La primera tiene que ver con el desconocimiento de su derrota por parte de la candidata presidencial Xiomara Castro, esposa del derrocado exmandatario hondureño Manuel Zelaya, quien denunció fraude electoral. La segunda controversia es porque, un mes después de los comicios, las calles y bulevares de Tegucigalpa siguen inundadas por los afiches electorales.
El diario La Prensa de Honduras ha denunciado esta semana que los espacios públicos capitalinos, y de otras poblaciones hondureñas, “han quedado atestadas de basura tras el paso de las elecciones generales”. Según el rotativo, se estima que la campaña dejó unas 150 toneladas de desechos en todo el país, casi la mitad de esa cantidad en Tegucigalpa. La Prensa cita un ejemplo en la segunda ciudad más grande del país, San Pedro Sula: “Aunque empleados de la unidad de Parques y Bulevares de la Municipalidad comenzaron hace tres semanas un operativo para retirar la propaganda, la cantidad de afiches colocados durante la campaña fue considerable y no han podido culminar”.
Perú
En Perú sus ciudadanos no han escapado de los excesos de publicidad exterior durante épocas de campaña. Lima ha sido una de las ciudades más golpeadas por partidos políticos y candidatos infractores que desconocen la normativa electoral que, como en casi todos los países mencionados en este reportaje, son claros en prohibir el uso de espacios y bienes públicos como soporte para pegar publicidades.
En la capital, luego de alguna actividad electoral, son designados cientos de funcionarios de aseo para ayudar a la remoción de las propagandas. La ciudadanía denuncia laxitud para exigir a los políticos ceñirse a las reglas; en una oportunidad cada semana eran retirados carteles y vallas de un puente vehicular que desconcentraban a los conductores, y en otra oportunidad algunas publicidades tapaban los semáforos.
