Diferentes organizaciones se han pronunciado respecto al decreto presentado por el Gobierno Nacional para regular el porte de drogas. Dejusticia y el Colectivo de Estudios de Droga y Derecho (DEDD) le enviaron una carta al presidente Iván Duque para que no expidan esta norma que fortalecería las facultades de la Policía Nacional para sancionar a quienes portan drogas ilícitas, debido a que esta medida la consideran como obsoleta, ineficaz y costosa, que no contribuirá al avance en la solución del problema de las drogas.
En medio de la Asamblea Nacional de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, Duque anunció que daría vía libre al decreto. Las organizaciones indicaron que esta medida iría en contra de lo estipulado en la Ley 30 de 1986, que reguló la dosis mínima "en una histórica defensa por el libre desarrollo de la personalidad".
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Dejusticia y el CEDD a través de un comunicado de prensa aseguraron que por el contrario de combatir la problemática, esta implementación "promueve la discriminación y estigmatización de las personas que las usan" y agregaron que: "Las políticas encaminadas a prevenir el consumo a través de herramientas policivas y sancionatorias del Estado, tienen una falla grave: no logran diferenciar el consumo problemático, del consumo ocasional o recreativo".
https://twitter.com/Dejusticia/status/1045996610918920192
Explicaron que esta no es una medida legislativa "novedosa", debido a que en Colombia existen múltiples regulaciones que dan lineamientos a las autoridades sobre cómo controlar el porte y consumo de drogas, y el borrador del decreto "no establece ninguna medida nueva, sino que recicla las reglas que ya tenemos", puntualizaron.
Decomizar la dosis mínima "no es el remedio contra el microtráfico"
Aseguraron que esto no combatiría eficazmente el fenómeno del microtráfico y que todavía no se tiene claro cómo el decomiso y la destrucción de la dosis personal impactaría a las redes criminales que se lucran del negocio de las drogas, "cuando éstas no han podido ser desmanteladas a pesar de que el país tiene una de las legislaciones penales más estrictas en esa materia".
Fueron enfáticos en que esta norma en la práctica estigmatiza y criminaliza a los consumidores de ciertos sectores sociales y que, a pesar de que la Ministra de Justicia, ante medios de comunicación, argumentó que la sanción no será impuesta si la persona demuestra que tiene un consumo problemático, recalcaron que: "El borrador del decreto no incluye esta precisión, por lo que no es claro cómo los agentes de policía aplicarían estas excepciones si no están contempladas en la ley. Incluso, si existiera esa excepción, se estaría castigando únicamente a los consumidores ocasionales o recreativos".
Las organizaciones indicaron que aunque la medida no implique la apertura de un proceso penal contra quienes usan drogas, sí los enfrentaría al aparato de Policía y que esto tendría como consecuencia que sus nombres estén reseñados en los registros de esta institución,"lo cual implica una sanción y, en consecuencia, una criminalización de facto".
Respecto a este punto, Dejusticia y la CEDD mencionaron que este decreto categoriza a las personas que que usan drogas como “delincuentes” o “enfermos” e indicaron que esta actividad pertenece a la esfera personal y que no debe ser objeto de una política pública.
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Finalmente, comentaron que la Policía Nacional tiende a concentrarse en aquellos lugares en los que hay una percepción de amenaza, y son selectivos hacia sectores de la población que son identificados como potenciales delincuentes. "Los califican como personas con “perfiles peligrosos” que tienden a ser hombres, jóvenes y pobres", manifestaron.
Resaltaron que de acuerdo con una encuesta de Dejusticia de Cifras y Conceptos de 2013, "el 23 % de personas de estrato 1 fueron abordadas por la Policía, versus el 14 % de estratos 5 y 6. El consumo y tráfico de drogas está presente en todos los estratos socioeconómicos, por tanto esta selectividad no tienen justificación".
A pesar de esta solicitud, el presidente Iván Duque, acompañado por los ministros del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; de Justicia y el Derecho, Gloria María Borrero; de Defensa Nacional, Guillermo Botero Nieto; y de Salud y de la Protección Social, Juan Pablo Uribe; así como por gobernadores y alcaldes, firmará el decreto por el cual se reglamenta parcialmente el Código de Policía en lo referente al porte de drogas o sustancias prohibidas.
