Hasta hace algunos días las noticias provenientes del Congreso no eran más que las interminables peleas entre el uribismo y el santismo. Los debates se enfrascaban en cuestionamientos personalizados, acusaciones de fraude electoral y descalificaciones temerarias que prometían llevar a determinados legisladores, recién posesionados, ante la justicia.
La agenda legislativa se retrasó. Se esperaba que desde el comienzo se trabajara en sacar adelante las grandes apuestas que fracasaron durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. La reforma a la salud, a la educación, a la justicia y a las pensiones, entre otras, siguen aún en el tintero.
Sin embargo, desde la semana pasada el Ejecutivo ha metido el acelerador a una de sus más recientes y ambiciosas apuestas: sacar una reforma política y de equilibrio de poderes.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se apersonó del lobby para conseguir consenso que hagan prosperar la iniciativa, que inicialmente se ha vendido a la opinión como la norma que acabará con la reelección.
El jefe de la oficina de la política sostuvo varias reuniones con voceros parlamentarios de los partidos oficialistas o la llamada Unidad Nacional (Partido de la U, Partido Liberal y Cambio Radical), con voces independientes cuya forma de votar puede resultar sorpresiva (Partido Conservador, Opción Ciudadana y Alianza Verde), y con la oposición (Centro Democrático y el Polo Democrático).
De esos diálogos han surgido coincidencias y críticas al proyecto que finalmente se radicó este miércoles 3 de septiembre. Las mayorías quieren acabar con la reelección, pero ven impopular que se incremente a cinco o seis años el periodo de los gobernantes.
Todos quieren modificar el sistema electoral pero hay dudas entre definir que las elecciones parlamentarias desde ahora se realicen por listas cerradas y no abiertas. También hay quienes debaten si es prudente instaurar el voto obligatorio.
Sobre el equilibrio de poderes tampoco hay grandes consensos. Muchos abogan porque se modifiquen las normas con las que se eligen a los dirigentes de organismos como la Contraloría o la Procuraduría. Otros temen que con la reforma se centralice dicha decisión en el poder ejecutivo.
Para la mayoría de partidos es necesario reformar el Consejo Superior de la Judicatura, pero otros sectores sostienen que debería acabarse y, en su lugar, crear un organismo rector del poder judicial.
Muchas inquietudes quedan servidas en el debate que hasta ahora arranca. El gobierno considera que empieza con pie derecho, pero las dudas evidentes podrían hacer prolongar esta reforma bastante tiempo, llevándola al triste destino que tuvo el esfuerzo por cambiar el sistema de salud.
Es la primera gran apuesta legislativa de Santos, y con ella le medirá el aceite a su ministro Juan Fernando Cristo.
Sobre este aspecto, el gobierno parece tener miedos evidentes en que le hundan de nuevo grandes reformas que ya debió haber radicado, como la de la salud y la justicia. La administración Santos decidió hacer modificaciones al sistema sanitario a través de decretos e incluir aspectos de reforma judicial en la reforma de poderes. Esta decisión ha sido ámpliamente cuestionada.
KienyKe.com midió el pulso político con senadores voceros de distintos partidos en el Congreso, para tantear el terreno en el que el presidente Santos sembró su primera gran apuesta legislativa desde su reelección.
El mandatario evalúa con esta iniciativa la capacidad de gobernabilidad con la que dispone en el Capitolio, la destreza con la que Juan Fernando Cristo puede lograr consensos y el ambiente para futuras reformas como a la educación, tributaria, justicia y salud. Todas ellas con enfoques de transición ante una eventual firma de la paz con las Farc.
El accidentado camino que recorrerá la reforma política
Esta reforma política y de equilibrio de poderes busca eliminar la reelección; que las elecciones legislativas se realicen por lista cerrada y se elimine el voto preferente; además que 11 de los departamentos más pequeños del país tengan asegurada al menos una silla en el Senado.
También busca modificar sustancialmente al Consejo Superior de la Judicatura, eliminar la capacidad electoral de las altas cortes, estudiar la posibilidad de reducir las atribuciones de poder de la Procuraduría y su reelección, impedir que los magistrados del Consejo Nacional Electoral se puedan reelegir y evaluar la funcionalidad con la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
La reforma es prioritaria porque el ejecutivo ha encontrado que gran parte del Congreso está en desacuerdo con la reelección y porque a muchos de los partidos les convendría lanzar listas cerradas para formalizar su poderío.
La transformación, no obstante, luce transitoria. Muchos saben que el sistema podría modificarse después de que se firme la paz con las Farc, e incluso aluden a la probabilidad de una Asamblea Nacional Constituyente que podría desestimar los esfuerzos que se inviertan en este trabajo legislativo.
Pero a fin de cuentas el camino para aprobar estas modificaciones institucionales podría ser largo. Senadores de distintas bancadas mostraron su intención de discutir el texto radicado por el gobierno, pero bajo sus condiciones.
Polo Democrático: El senador Jorge Robledo dijo a KienyKe.com que esta reforma, como está planteada, no es la que necesita el país “sino que es una hecha para la conveniencia del santismo”.
Jorge Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo.
“Saquemos el tema de la reelección, al que el Polo siempre se opuso. El resto de medidas apuntan a mantener el estatus quo y se dirige contra el Polo y los partidos minoritarios. Golpea la circunscripción nacional y al voto preferente, que son los que le sirven a las fuerzas que no están en el establecimiento. Además no atienden otros asuntos como el clientelismo o la corrupción electoral, porque mantiene el Consejo Electoral y la Registraduría como instrumento de la partidocracia”.
Robledo añadió que está en contra de que esta reforma plantee cambios en la estructura judicial. “Eso es ‘gatopardismo’, que me recuerda una novela famosa en la que un par de personajes que manejan el poder dialogan y dicen: hay que cambiar todo pero para que todo siga igual. El tema de la justicia debería estar en una reforma independiente”. Por el lado de la izquierda democrática, el gobierno ya tendría muchos contras.
Alianza Verde: El senador y vocero Antonio Navarro confesó que, después de una reunión con el ministro Cristo, encontraron cosas interesantes en las que concuerdan, y otras en las que no. “Estamos de acuerdo con la reforma para acabar con la reelección, pero no con la ampliación de periodos. Tenemos algunas diferencias en que se supriman las funciones electorales de las altas cortes. Se modifica muy poco la circunscripción nacional, aunque no se altera. Nosotros proponemos que sean 11 senadores adicionales para los departamentos que no tienen capacidad electoral de elegir senador”.
Antonio Navarro, senador de Alianza Verde.
Navarro Wolff añadió que estudiarán las reformas para elegir Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo, pero que adicionalmente consideran necesario “modificar las facultades de la Procuraduría, sobre todo cuando se refieren a las personas elegidas por voto popular. Por ejemplo creando una doble instancia para apelas las eventuales sanciones”.
Gran parte de los verdes también quisieran limitar el número de periodos en los que un congresista puede estar en el poder; piden que un parlamentario solo pueda reelegirse máximo dos veces.
“Las listas cerradas sí las apoyamos. Pero el tema del voto obligatorio no lo hemos discutido”, añadió. Del lado de Alianza Verde hay ánimo para discutir la reforma y llegar a acuerdos. Si se consiguen, el Gobierno ganaría votos a favor.
Centro Democrático: El senador uribista Alfredo Rangel estimó que “el gobierno está improvisando una reforma política”, así que no hay mucho ánimo en apoyarla. “No ha tenido un criterio firme ni claro de lo que debería ser una reforma política, una reforma a la justicia y una reforma electoral. Están metiéndolas todas en un solo saco, y vamos a quedarnos sin ninguna de las tres”.
Aunque Rangel predice que por “la aplanadora santista” el gobierno podría asegurarse un triunfo en esta iniciativa, insistió en que su resultado “será malo para el país”.
Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático.
El uribismo es la única fuerza que respalda la reelección y han sugerido que se extienda a los poderes regionales (gobernaciones) y locales (alcaldías).
Finalmente, Rangel cree que podrían coincidir con el Polo, la Alianza Verde y algunos conservadores en bloquear algunos apartes de la reforma, “pero hay diferencias que impedirían hacer un bloque único” para llevarla al fracaso. Sin embargo sus votos, de seguro, serán en contra.
Partido Conservador: el senador Javier Mauricio Delgado expresa varias dudas sobre los principales puntos que el gobierno quiere sacar adelante en su reforma de equilibrio de poderes.
En primer lugar, los azules consideran que antes de hablar del voto obligatorio es necesario que el sistema electoral garantice la implementación del voto electrónico como seguro de transparencia. Además estiman que no habría una madurez suficiente en el país para fijar el modelo electoral parlamentario en las listas cerradas. “Se reduciría la cantidad de opciones para las personas que quieran aspirar y que no sean tan cercanas a los dirigentes de los partidos. La lista sería excluyente.”
Jairo Delgado, senador del Partido Conservador.
Delgado dijo que su bancada está de acuerdo en la ampliación de los periodos gubernamentales a cinco años y en la eliminación de la reelección. También dicen que apoyarán la eliminación de la capacidad electoral de las Cortes sobre cargos públicos, pero dicha decisión no podrá quedar en manos de la presidencia. Sin estas variaciones, los azules no cumplirán el capricho gubernamental, lo que podría predecir varios votos en contra.
Partido de La U: Sobra anticipar que el Partido de La U y los liberales podrían apoyar -casi que a ojo cerrado- la pretensión gubernamental. El oficialismo, incluido Cambio Radical, ha dicho estar de acuerdo con casi la totalidad del texto presentado y la única salvedad que aún no convence al bloque gubernamental tiene que ver con incrementar o no los periodos de cuatro a cinco años para presidente, gobernadores y alcaldes.
Roy Barreras, senador de La U, dijo a KienyKe.com que el texto de reforma radicado hoy ha sido elaborado únicamente bajo consensos. “Todos los elementos han sido consultados y consensuados. Y una reforma de equilibrio de poderes incluye modificaciones a las Cortes o a la Comisión de Acusaciones, sin que necesariamente se esté hablando de una reforma a la justicia. La reforma a la justicia la prepara el ministro de otra manera”.
Roy Barreras, senador del Partido de La U.
Barreras añadió que defenderán el cambio del sistema electoral al de listas cerradas y descartó que afecte a los partidos minoritarios. “Lo que afecta es a protagonistas estelares que se valen de la compra y venta de votos”, dijo.
Si ganan esta reforma, confían en impulsar las otras
Si fracasa la reforma al equilibrio de poderes se prenderá la alerta roja en Palacio de Nariño. El actual texto sirve de señuelo para medir el margen de maniobra que tiene el ejecutivo con este nuevo Congreso. Si todo funciona, podrán arriesgarse con otras ambiciosas reformas como la tributaria, la educativa y la de la salud.
Respecto a la tributaria habrá un largo camino por recorrer, previo a conseguir su éxito. Como está planteada hasta ahora, no va a gustar ni siquiera a la bancada santista.
La propuesta busca tapar un hueco fiscal, financiar el incremento burocrático del Estado y obtener recursos para empezar a preparar el eventual posconflicto. Para ello se plantea mantener el 4 por mil; aumentar el IVA al 18%, establecer un impuesto al patrimonio para personas naturales y hacer que quienes tienen bienes en el exterior graven sus riquezas.
Desde ya el Polo Democrático se declara en contra. “Ya los banqueros, representados bien por el ministro Néstor Humberto Martínez como su vocero, le notificaron al país que no se amplíen impuestos a monopolios ni transnacionales. Suben los impuestos a la clase media y suben el IVA de manera brutal”, dijo el senador Robledo.
Para los verdes la propuesta es “insuficiente”. El uribismo dice que la idea planteada va a seguir “castigando a la clase media y los empresarios” y hasta el santista senador Roy Barres opinó que “no tiene sentido una pequeña reforma tributaria para tapar huecos”.
Respecto a la reforma a la Salud, que el ministro Alejandro Gaviria ha desestimado presentar pronto porque la considera inconveniente, las bancadas legislativas y asociaciones de pacientes ya están poniendo el grito en el cielo.
El Partido de La U mantiene conversaciones con el ministro de Salud para presionar para que el sistema de salud no se modifique a punta de decretos, y en cambio se presente un texto a evaluación parlamentaria.
El Partido Conservador rechaza la actitud de reformar con “pañitos de agua tibia” el sistema a través de esos decretos, de acuerdo con el senador Delgado. Mientras que el Polo estima que “cuando un gobierno confiesa que no lleva al Congreso una reforma porque se la hunden, toma una actitud ilegal que parece grave”.
Denis Silva, vocero de Colombia Saludable y Pacientes Colombia, calificó también de “impertinente” la actitud del gobierno de no dar prioridad a una reforma a la salud, como lo ha prometido desde la pasada administración.
“No sé si es miedo o si es que el tema de salud no tiene la prioridad que Santos dará a la educación, paz y el agro”, dijo a este medio.
Es probable que esa y otras reformas fundamentales sigan en el cajón si no funciona el experimento con la apuesta de propiciar cambios en el sistema político y electoral colombiano.
Twitter: @david_baracaldo
Es la primera gran apuesta legislativa de Santos, y con ella le medirá el aceite a su ministro Juan Fernando Cristo.
Sobre este aspecto, el gobierno parece tener miedos evidentes en que le hundan de nuevo grandes reformas que ya debió haber radicado, como la de la salud y la justicia. La administración Santos decidió hacer modificaciones al sistema sanitario a través de decretos e incluir aspectos de reforma judicial en la reforma de poderes. Esta decisión ha sido ámpliamente cuestionada.
KienyKe.com midió el pulso político con senadores voceros de distintos partidos en el Congreso, para tantear el terreno en el que el presidente Santos sembró su primera gran apuesta legislativa desde su reelección.
El mandatario evalúa con esta iniciativa la capacidad de gobernabilidad con la que dispone en el Capitolio, la destreza con la que Juan Fernando Cristo puede lograr consensos y el ambiente para futuras reformas como a la educación, tributaria, justicia y salud. Todas ellas con enfoques de transición ante una eventual firma de la paz con las Farc.
El accidentado camino que recorrerá la reforma política
Esta reforma política y de equilibrio de poderes busca eliminar la reelección; que las elecciones legislativas se realicen por lista cerrada y se elimine el voto preferente; además que 11 de los departamentos más pequeños del país tengan asegurada al menos una silla en el Senado.
También busca modificar sustancialmente al Consejo Superior de la Judicatura, eliminar la capacidad electoral de las altas cortes, estudiar la posibilidad de reducir las atribuciones de poder de la Procuraduría y su reelección, impedir que los magistrados del Consejo Nacional Electoral se puedan reelegir y evaluar la funcionalidad con la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
La reforma es prioritaria porque el ejecutivo ha encontrado que gran parte del Congreso está en desacuerdo con la reelección y porque a muchos de los partidos les convendría lanzar listas cerradas para formalizar su poderío.
La transformación, no obstante, luce transitoria. Muchos saben que el sistema podría modificarse después de que se firme la paz con las Farc, e incluso aluden a la probabilidad de una Asamblea Nacional Constituyente que podría desestimar los esfuerzos que se inviertan en este trabajo legislativo.
Pero a fin de cuentas el camino para aprobar estas modificaciones institucionales podría ser largo. Senadores de distintas bancadas mostraron su intención de discutir el texto radicado por el gobierno, pero bajo sus condiciones.
Polo Democrático: El senador Jorge Robledo dijo a KienyKe.com que esta reforma, como está planteada, no es la que necesita el país “sino que es una hecha para la conveniencia del santismo”.
Jorge Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo.
“Saquemos el tema de la reelección, al que el Polo siempre se opuso. El resto de medidas apuntan a mantener el estatus quo y se dirige contra el Polo y los partidos minoritarios. Golpea la circunscripción nacional y al voto preferente, que son los que le sirven a las fuerzas que no están en el establecimiento. Además no atienden otros asuntos como el clientelismo o la corrupción electoral, porque mantiene el Consejo Electoral y la Registraduría como instrumento de la partidocracia”.
Robledo añadió que está en contra de que esta reforma plantee cambios en la estructura judicial. “Eso es ‘gatopardismo’, que me recuerda una novela famosa en la que un par de personajes que manejan el poder dialogan y dicen: hay que cambiar todo pero para que todo siga igual. El tema de la justicia debería estar en una reforma independiente”. Por el lado de la izquierda democrática, el gobierno ya tendría muchos contras.
Alianza Verde: El senador y vocero Antonio Navarro confesó que, después de una reunión con el ministro Cristo, encontraron cosas interesantes en las que concuerdan, y otras en las que no. “Estamos de acuerdo con la reforma para acabar con la reelección, pero no con la ampliación de periodos. Tenemos algunas diferencias en que se supriman las funciones electorales de las altas cortes. Se modifica muy poco la circunscripción nacional, aunque no se altera. Nosotros proponemos que sean 11 senadores adicionales para los departamentos que no tienen capacidad electoral de elegir senador”.
Antonio Navarro, senador de Alianza Verde.
Navarro Wolff añadió que estudiarán las reformas para elegir Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo, pero que adicionalmente consideran necesario “modificar las facultades de la Procuraduría, sobre todo cuando se refieren a las personas elegidas por voto popular. Por ejemplo creando una doble instancia para apelas las eventuales sanciones”.
Gran parte de los verdes también quisieran limitar el número de periodos en los que un congresista puede estar en el poder; piden que un parlamentario solo pueda reelegirse máximo dos veces.
“Las listas cerradas sí las apoyamos. Pero el tema del voto obligatorio no lo hemos discutido”, añadió. Del lado de Alianza Verde hay ánimo para discutir la reforma y llegar a acuerdos. Si se consiguen, el Gobierno ganaría votos a favor.
Centro Democrático: El senador uribista Alfredo Rangel estimó que “el gobierno está improvisando una reforma política”, así que no hay mucho ánimo en apoyarla. “No ha tenido un criterio firme ni claro de lo que debería ser una reforma política, una reforma a la justicia y una reforma electoral. Están metiéndolas todas en un solo saco, y vamos a quedarnos sin ninguna de las tres”.
Aunque Rangel predice que por “la aplanadora santista” el gobierno podría asegurarse un triunfo en esta iniciativa, insistió en que su resultado “será malo para el país”.
Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático.
El uribismo es la única fuerza que respalda la reelección y han sugerido que se extienda a los poderes regionales (gobernaciones) y locales (alcaldías).
Finalmente, Rangel cree que podrían coincidir con el Polo, la Alianza Verde y algunos conservadores en bloquear algunos apartes de la reforma, “pero hay diferencias que impedirían hacer un bloque único” para llevarla al fracaso. Sin embargo sus votos, de seguro, serán en contra.
Partido Conservador: el senador Javier Mauricio Delgado expresa varias dudas sobre los principales puntos que el gobierno quiere sacar adelante en su reforma de equilibrio de poderes.
En primer lugar, los azules consideran que antes de hablar del voto obligatorio es necesario que el sistema electoral garantice la implementación del voto electrónico como seguro de transparencia. Además estiman que no habría una madurez suficiente en el país para fijar el modelo electoral parlamentario en las listas cerradas. “Se reduciría la cantidad de opciones para las personas que quieran aspirar y que no sean tan cercanas a los dirigentes de los partidos. La lista sería excluyente.”
Jairo Delgado, senador del Partido Conservador.
Delgado dijo que su bancada está de acuerdo en la ampliación de los periodos gubernamentales a cinco años y en la eliminación de la reelección. También dicen que apoyarán la eliminación de la capacidad electoral de las Cortes sobre cargos públicos, pero dicha decisión no podrá quedar en manos de la presidencia. Sin estas variaciones, los azules no cumplirán el capricho gubernamental, lo que podría predecir varios votos en contra.
Partido de La U: Sobra anticipar que el Partido de La U y los liberales podrían apoyar -casi que a ojo cerrado- la pretensión gubernamental. El oficialismo, incluido Cambio Radical, ha dicho estar de acuerdo con casi la totalidad del texto presentado y la única salvedad que aún no convence al bloque gubernamental tiene que ver con incrementar o no los periodos de cuatro a cinco años para presidente, gobernadores y alcaldes.
Roy Barreras, senador de La U, dijo a KienyKe.com que el texto de reforma radicado hoy ha sido elaborado únicamente bajo consensos. “Todos los elementos han sido consultados y consensuados. Y una reforma de equilibrio de poderes incluye modificaciones a las Cortes o a la Comisión de Acusaciones, sin que necesariamente se esté hablando de una reforma a la justicia. La reforma a la justicia la prepara el ministro de otra manera”.
Roy Barreras, senador del Partido de La U.
Barreras añadió que defenderán el cambio del sistema electoral al de listas cerradas y descartó que afecte a los partidos minoritarios. “Lo que afecta es a protagonistas estelares que se valen de la compra y venta de votos”, dijo.
Si ganan esta reforma, confían en impulsar las otras
Si fracasa la reforma al equilibrio de poderes se prenderá la alerta roja en Palacio de Nariño. El actual texto sirve de señuelo para medir el margen de maniobra que tiene el ejecutivo con este nuevo Congreso. Si todo funciona, podrán arriesgarse con otras ambiciosas reformas como la tributaria, la educativa y la de la salud.
Respecto a la tributaria habrá un largo camino por recorrer, previo a conseguir su éxito. Como está planteada hasta ahora, no va a gustar ni siquiera a la bancada santista.
La propuesta busca tapar un hueco fiscal, financiar el incremento burocrático del Estado y obtener recursos para empezar a preparar el eventual posconflicto. Para ello se plantea mantener el 4 por mil; aumentar el IVA al 18%, establecer un impuesto al patrimonio para personas naturales y hacer que quienes tienen bienes en el exterior graven sus riquezas.
Desde ya el Polo Democrático se declara en contra. “Ya los banqueros, representados bien por el ministro Néstor Humberto Martínez como su vocero, le notificaron al país que no se amplíen impuestos a monopolios ni transnacionales. Suben los impuestos a la clase media y suben el IVA de manera brutal”, dijo el senador Robledo.
Para los verdes la propuesta es “insuficiente”. El uribismo dice que la idea planteada va a seguir “castigando a la clase media y los empresarios” y hasta el santista senador Roy Barres opinó que “no tiene sentido una pequeña reforma tributaria para tapar huecos”.
Respecto a la reforma a la Salud, que el ministro Alejandro Gaviria ha desestimado presentar pronto porque la considera inconveniente, las bancadas legislativas y asociaciones de pacientes ya están poniendo el grito en el cielo.
El Partido de La U mantiene conversaciones con el ministro de Salud para presionar para que el sistema de salud no se modifique a punta de decretos, y en cambio se presente un texto a evaluación parlamentaria.
El Partido Conservador rechaza la actitud de reformar con “pañitos de agua tibia” el sistema a través de esos decretos, de acuerdo con el senador Delgado. Mientras que el Polo estima que “cuando un gobierno confiesa que no lleva al Congreso una reforma porque se la hunden, toma una actitud ilegal que parece grave”.
Denis Silva, vocero de Colombia Saludable y Pacientes Colombia, calificó también de “impertinente” la actitud del gobierno de no dar prioridad a una reforma a la salud, como lo ha prometido desde la pasada administración.
“No sé si es miedo o si es que el tema de salud no tiene la prioridad que Santos dará a la educación, paz y el agro”, dijo a este medio.
Es probable que esa y otras reformas fundamentales sigan en el cajón si no funciona el experimento con la apuesta de propiciar cambios en el sistema político y electoral colombiano.
Twitter: @david_baracaldo
