En una verdadera encrucijada se encuentra el trámite para prorrogar por cuatro años la Ley de Orden Público, debido a que varios sectores políticos piden que se elimine un artículo dentro del proyecto que "podría acabar con la posibilidad de las negociaciones de paz", pero que el Gobierno Nacional argumenta que es de vital importancia porque está de por medio un posible proceso con el Ejército de Liberación Nacional.
Luego del 'regaño' por no haberse presentado el pasado martes 13 de noviembre a la sesión, la ministra del Interior explicó que este proyecto es vital para adelantar el proceso con el Eln que está suspendido por decisión del presidente Iván Duque debido a que reiteradas veces le ha exigido que el grupo al margen de la ley debe cesar todas sus actividades criminales para poder reanudar los diálogos.
"El mandatario tiene la mano tendida siempre y cuando se liberen los secuestrados y haya un compromiso real de cesar la violencia", dijo la ministra.Explicó que las modificaciones de este proyecto obedecen a que la coyuntura actual no es la misma de hace cuatro u otro años y que este Gobierno se ha tomado en serio la tarea de darle estabilidad al país y se ha desplazado por todos los territorios para identificar las problemáticas que se presentan. "Esa permanencia, en el territorio, nos permite ver que no son las mismas circunstancias de violencia. Se requiere una estrategia especial para el momento que vive el país", aseguró. https://twitter.com/MinInterior/status/1062755550532956161 A pesar de que casi todos los sectores están de acuerdo con prorrogar esta Ley, algunas modificaciones que contempla el proyecto que contempla no han dejado contentos a muchos, debido a que algunos creen que el artículo 4 del proyecto de Ley 180 que introduce dichas modificaciones a la Ley 418 (Ley de Orden Público) "pondría en riesgo la posibilidad de adelantar diálogos de paz con grupos insurgentes y su desmovilización". Específicamente el artículo establece que: "Será indispensable la demostración de la voluntad de disolución del aparato armado, su desarme absoluto y la reinserción efectiva a al vida civil por parte del grupo armado organizado al margen de la ley y de sus miembros para lo cual se requiere la realización de actos que conduzcan a la celebración de diálogos y suscripción de acuerdos, tales como la liberación de los secuestrados, el cese de actividades criminales, la terminación de la vinculación con delitos relacionados al narcotráfico", entre otros. [single-related post_id="979480"] A esto lo consideran un "atentado contra el avance de los acuerdos" porque según dijo el senador Iván Cepeda anteriormente a KienyKe.com esos condicionamientos terminarían provocando un efecto contrario: "Cualquier proceso de paz se podría volver absolutamente imposible debido a que precisamente el fin de esas hostilidades es el objetivo de las conversaciones, no su pre - requisito". https://twitter.com/angelamrobledo/status/1062749760019423239 La ministra del Interior, por otro lado, aseguró que al contrario de lo que han afirmado, esto no pondría en riesgo las negociaciones ni acabaría los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, debido a que "se crean unas zonas especiales que están identificadas como resultante del acuerdo de La Habana" y se proponen zonas estratégicas de intervención integral que obedecen a una lógica de seguridad nacional. "El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la seguridad y de buscar la equidad, a través de programas sociales”, aseguró. https://twitter.com/NancyPatricia_G/status/1062787654796959744 A pesar de las largas discusiones, la propuesta de ampliar por cuatro años más esta Ley se quedó sin votación y sigue la preocupación para que no se hunda debido a que el plazo se cumple el próximo 18 de diciembre.
