Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU acogieron con beneplácito los avances en la implementación del Acuerdo de Paz que presentó el director de la Misión de Verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, la pasado 14 de julio. A parte de esto, plantearon tres necesidades para lograr una mejor situación de los excombatientes en el país.
“Los miembros del Consejo de Seguridad elogiaron la resiliencia de las y los colombianos frente a la pandemia de COVID-19, y acogieron con beneplácito los esfuerzos de las partes por mitigar sus efectos en la implementación de la paz”, señaló la Organización de Naciones Unidas.
Los miembros del Consejo de Seguridad también instaron al Gobierno y a los dirigentes de la Farc, para que continúen con los esfuerzos para financiar los proyectos productivos de los excombatientes. Pidieron al gobierno que se agilice la formalización de tierras a nombre de los excombatientes para que sus proyectos tengan mayor sustento.
El primer reparo que hicieron los miembros de la Organización fue por la frágil seguridad que tienen los y las líderes sociales y comunitarias, así como excombatientes. Según el informe, desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en Colombia han sido asesinados 203 ex combatientes, 31 de ellos en lo que va corrido del año. Respecto a los líderes sociales, la Misión de Verificación señaló que se han presentado 31 asesinatos, más 47 que continúan en verificación.
“Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su profunda preocupación por las continuas amenazas, ataques y asesinatos contra líderes comunitarios y sociales, incluyendo mujeres lideresas y líderes y lideresas de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como los dirigidos contra ex miembros de las FARC-EP, que han persistido a pesar de la pandemia del COVID-19”, señaló la organización en un comunicado.
Aunque pidieron mayores esfuerzos de seguridad para la población ex combatiente y mayores recursos para la Unidad Nacional de Protección, los miembros del Consejo de Seguridad acogieron con beneplácito los esfuerzos por judicializar y capturar a los responsables de estos asesinatos.
También vieron con preocupación las cifras de desplazamiento y amenazas de las que han sido víctimas los excombatientes que se encuentran en las ETCR, varios de los cuales, según el informe, han sido forzados a dejar sus lugares de residencia por parte de grupos armados ilegales que delinquen en la zona.
Los miembros del Consejo de Seguridad “instaron a que se proporcione financiación y apoyo suficiente a la Unidad Nacional de Protección para garantizar la protección física de las y los excombatientes”. Esto dado que según el informe, 17 excombatientes fueron asesinados mientras esperaban un esquema de protección y se ha disminuido el personal analista de la Unidad, de 22 en 2018 a 7 en el actual periodo. Afirmaron que se necesita una adición cercana a los 140 guardaespaldas nuevos.
Finalmente, el tercer punto en que llamó la atención el Consejo de Seguridad de la ONU, fue la importancia de implementar todos los aspectos del Acuerdo Final de Paz, como son la reforma rural, la participación política, la lucha contra las drogas ilícitas, incluyendo los programas de sustitución de cultivos, y la justicia transicional.
Respecto a la reducción de cultivos ilícitos, la Misión de Verificación señaló que se han erradicado un total de 41.513 hectáreas. Así mismo, el programa de sustitución se ha cumplido en un 96% y la tasa de resiembra es apenas del 1%.
Por último, los miembros de la organización tomaron nota de los magistrados del componente de Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) para que la Misión de Verificación haga seguimiento de cumplimiento de las sanciones que imponga ese Tribunal, tal como se prevé en el Acuerdo Final.
