Bastante se especuló de cuál es el interés que movía a las Farc con la exigencia de que la Comisión de la Verdad presente las conclusiones antes de la eventual firma de la paz.
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Las dudas y rumores fueron despejados por el español Enrique Santiago, uno de los asesores jurídicos de las Farc, quien en entrevista con varios medios de comunicación afirmó que esa guerrilla no aceptará que sea la única que sea juzgada al firmarse la paz, pues el Estado también tiene demostrada responsabilidad en el inicio del conflicto armado y su perpetuación.
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Sin embargo, esta responsabilidad de agentes del Estado sólo puede ser expuesta y evidenciada por la Comisión de la Verdad, la cual había sido convenida después de la culminación de los diálogos.
El abogado señaló que en caso de que la única alternativa sea la prisión, ésta debe ser tanto para las Farc como para los agentes del Estado que han contribuido al conflicto armado.
Sin embargo, analistas han señalado en algunos medios de comunicación que las Farc le apuestan a que como se demostrará que el Estado ha tenido participación en el conflicto armado, las condenas o sanciones contra el secretariado de las Farc y agentes del Estado quedarían en meras sanciones restaurativas, pues no se vería a un expresidente o un exministro pagando cárcel al lado de un líder guerrillero.
Esta posición de las Farc fue criticada por el Centro Democrático. Esto dijo la senadora Paloma Valencia a Kienyke.com: “Lo que están pidiendo (las Farc) es que para que haya justicia en Colombia, el Estado y los ciudadanos tienen que aceptar un trato equitativo entre el Estado y el narcoterrorismo, lo que es indudablemente inaceptable”.
Son varios interrogantes de lo que pueda surgir en la discusión del tema de justicia en La Habana y la inclusión de las conclusiones que entregue la Comisión de la Verdad. ¿La Comisión de la Verdad determinará la responsabilidad del Estado en el conflicto armado? ¿Quién o quiénes pagarán por los delitos en la responsabilidad demostrada del Estado, y cómo lo pagarán?
Este medio digital consultó a varios expertos en temas constitucionales, judiciales y políticos, para responder estos interrogantes.
El expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, se refirió primero al afán de las Farc por conocer el informe que presente esa Comisión de la Verdad.
El expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra.
“El afán de las Farc es entendible, pues para que pueda entrar a actuar la comisión que va a resolver los asuntos atinentes a la justicia y los mecanismos que se utilicen para este último tema, hay que partir de la base que se conozca la verdad. Eso es lo que ellos pretenden que se haga”.
Sin embargo, el exmagistrado sostuvo que, y a esta conclusión llegaron todos los expertos consultados, que dicha Comisión de la Verdad no tiene carácter de juez, por lo que no puede condenar al Estado o a los guerrilleros, pero sus conclusiones pueden hacer parte de futuros procesos judiciales.
“Las conclusiones que profiera esa Comisión de la Verdad las puede usar alguien para acudir a unas demandas frente a la jurisdicción contenciosa administrativa, pero sin embargo, esto no ha sido contemplado en los mecanismos acordados para las conversaciones en este proceso de paz, pues si el Estado incurrió en actos de los cuales se pueda deducir su responsabilidad, y si las acciones fueran interpuestas, será la jurisdicción contenciosa administrativa la que se refiera al respecto.”, advirtió.
Beltrán Sierra explicó cómo operará esta Comisión. “Esa Comisión seguramente no va ir a los particularismos de todo lo que ha ocurrido en cada uno de los días de los 60 años de conflicto, pero tendrá que establecer unos marcos generales de referencia de qué fue lo que efectivamente ocurrió, dónde sucedieron algunos de los hechos más significativos, quiénes fueron los auxiliadores, los financiadores y auspiciadores ese estado de alteración que ha vivido la sociedad colombiana, quiénes fuera y dentro del Estado lo hicieron”.
Por su parte el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra manifestó que para que las conclusiones de la Comisión de la Verdad sean vinculantes o tenga carácter judicial, se necesitaría una norma constitucional que así lo establezca.
El exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra.
“Políticamente la Comisión de la Verdad podría atribuir responsabilidades a insurgentes y al Estado, pero desde el punto de vista jurídico se necesitaría una disposición que le diera legitimidad, autorización y facultades a la Comisión para tomar decisiones de semejante envergadura, porque hacer una declaración en la que le endilgue responsabilidad al Estado dentro del conflicto sólo lo puede hacer un juez. Esa disposición tendrá que decir que la Comisión de la Verdad tendrá funciones de juez y emitir juicios sobre ese tema, pero mientras tanto no tendrá valor jurídico hasta que una norma no le de esa competencia. Para esto tendría que tramitarse un proyecto de reforma constitucional”, dijo.
El exjefe de la cartera judicial señaló que sólo es posible poner tras las rejas a algún agente del Estado si es demostrada su responsabilidad en el conflicto armado a través también del trámite de una norma en el Congreso, o las condenas contra el Estado quedarían sólo en el ámbito administrativo.
“En nuestro sistema jurídico sólo las personas naturales pueden cometer delitos, no las personas jurídicas, porque uno no puede decir que el Estado cometió delitos, mientras no exista otra reforma que establezca que los delitos sean cometidos por las personas jurídicas”.
A su turno, el también exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández explicó por qué la Comisión de la Verdad no puede ser un tribunal.
José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional.
“La Comisión de la Verdad tiene una finalidad específica de realizar uno de los postulados de la justicia transicional, es decir, que se sepa lo que ocurrió en Colombia en todo este tiempo de violencia, de tal manera que las víctimas y el país sepan la verdad. Esta Comisión no es un tribunal, por lo que no tiene que condenar a alguien.
Según dijo, “Como consecuencia de lo que diga la Comisión de la Verdad encuentre, sí es perfectamente posible que se adelanten procesos, y las responsabilidades penales deberían recaer sobre quienes en efecto hayan cometido crímenes, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, bien sea que pertenezcan o no al Estado”.
Frente al tema de la posibilidad de que algunos exfuncionarios del Estado paguen cárcel junto con los guerrilleros, esto dijo.
“Desde el punto de vista penal responden las personas naturales que hayan cometido delito, y en el caso del Estado, éste responde patrimonialmente”, y señaló que como ejemplo de condenas contra la nación la proferida por organismos internacionales “como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han condenado a Colombia en relación con varios crímenes, tanto por acción como por omisión”.
Por último, el veterano representante a la Cámara y experto en temas penales Germán Navas Talero señaló que agentes del Estado sí son responsables de consecuencias del conflicto armado.
El representante a la Cámara, Germán Navas Talero.
“Sabemos de antemano que el Estado fue el causante del conflicto cuando se crearon las guerrillas liberales en 1946. Se debería condenar a todos ellos que resulten responsables de falsos positivos, así como de la desaparición y exterminio de los integrantes de la UP”, dijo.
Actualmente se discute en La Habana el punto de justicia, por lo que en la mesa de negociación tiene que acordarse si tal como lo han propuesto las Farc, sólo paguen una sanción, no cárcel, o pena alternativa, y el Estado también estaría sujeto a demandas interpuestas por víctimas de la acción u omisión de funcionarios estatales, por lo que tal como lo han dicho varios sectores políticos, las Farc sólo aceptarán una solución judicial igualitaria con los otros actores en el conflicto, así que sigue abierta la pregunta, ¿irán guerrilleros y exministros o expresidentes juntos a la cárcel para ponerle fin al conflicto?
El expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra.
“El afán de las Farc es entendible, pues para que pueda entrar a actuar la comisión que va a resolver los asuntos atinentes a la justicia y los mecanismos que se utilicen para este último tema, hay que partir de la base que se conozca la verdad. Eso es lo que ellos pretenden que se haga”.
Sin embargo, el exmagistrado sostuvo que, y a esta conclusión llegaron todos los expertos consultados, que dicha Comisión de la Verdad no tiene carácter de juez, por lo que no puede condenar al Estado o a los guerrilleros, pero sus conclusiones pueden hacer parte de futuros procesos judiciales.
“Las conclusiones que profiera esa Comisión de la Verdad las puede usar alguien para acudir a unas demandas frente a la jurisdicción contenciosa administrativa, pero sin embargo, esto no ha sido contemplado en los mecanismos acordados para las conversaciones en este proceso de paz, pues si el Estado incurrió en actos de los cuales se pueda deducir su responsabilidad, y si las acciones fueran interpuestas, será la jurisdicción contenciosa administrativa la que se refiera al respecto.”, advirtió.
Beltrán Sierra explicó cómo operará esta Comisión. “Esa Comisión seguramente no va ir a los particularismos de todo lo que ha ocurrido en cada uno de los días de los 60 años de conflicto, pero tendrá que establecer unos marcos generales de referencia de qué fue lo que efectivamente ocurrió, dónde sucedieron algunos de los hechos más significativos, quiénes fueron los auxiliadores, los financiadores y auspiciadores ese estado de alteración que ha vivido la sociedad colombiana, quiénes fuera y dentro del Estado lo hicieron”.
Por su parte el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra manifestó que para que las conclusiones de la Comisión de la Verdad sean vinculantes o tenga carácter judicial, se necesitaría una norma constitucional que así lo establezca.
El exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra.
“Políticamente la Comisión de la Verdad podría atribuir responsabilidades a insurgentes y al Estado, pero desde el punto de vista jurídico se necesitaría una disposición que le diera legitimidad, autorización y facultades a la Comisión para tomar decisiones de semejante envergadura, porque hacer una declaración en la que le endilgue responsabilidad al Estado dentro del conflicto sólo lo puede hacer un juez. Esa disposición tendrá que decir que la Comisión de la Verdad tendrá funciones de juez y emitir juicios sobre ese tema, pero mientras tanto no tendrá valor jurídico hasta que una norma no le de esa competencia. Para esto tendría que tramitarse un proyecto de reforma constitucional”, dijo.
El exjefe de la cartera judicial señaló que sólo es posible poner tras las rejas a algún agente del Estado si es demostrada su responsabilidad en el conflicto armado a través también del trámite de una norma en el Congreso, o las condenas contra el Estado quedarían sólo en el ámbito administrativo.
“En nuestro sistema jurídico sólo las personas naturales pueden cometer delitos, no las personas jurídicas, porque uno no puede decir que el Estado cometió delitos, mientras no exista otra reforma que establezca que los delitos sean cometidos por las personas jurídicas”.
A su turno, el también exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández explicó por qué la Comisión de la Verdad no puede ser un tribunal.
José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional.
“La Comisión de la Verdad tiene una finalidad específica de realizar uno de los postulados de la justicia transicional, es decir, que se sepa lo que ocurrió en Colombia en todo este tiempo de violencia, de tal manera que las víctimas y el país sepan la verdad. Esta Comisión no es un tribunal, por lo que no tiene que condenar a alguien.
Según dijo, “Como consecuencia de lo que diga la Comisión de la Verdad encuentre, sí es perfectamente posible que se adelanten procesos, y las responsabilidades penales deberían recaer sobre quienes en efecto hayan cometido crímenes, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, bien sea que pertenezcan o no al Estado”.
Frente al tema de la posibilidad de que algunos exfuncionarios del Estado paguen cárcel junto con los guerrilleros, esto dijo.
“Desde el punto de vista penal responden las personas naturales que hayan cometido delito, y en el caso del Estado, éste responde patrimonialmente”, y señaló que como ejemplo de condenas contra la nación la proferida por organismos internacionales “como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han condenado a Colombia en relación con varios crímenes, tanto por acción como por omisión”.
Por último, el veterano representante a la Cámara y experto en temas penales Germán Navas Talero señaló que agentes del Estado sí son responsables de consecuencias del conflicto armado.
El representante a la Cámara, Germán Navas Talero.
“Sabemos de antemano que el Estado fue el causante del conflicto cuando se crearon las guerrillas liberales en 1946. Se debería condenar a todos ellos que resulten responsables de falsos positivos, así como de la desaparición y exterminio de los integrantes de la UP”, dijo.
Actualmente se discute en La Habana el punto de justicia, por lo que en la mesa de negociación tiene que acordarse si tal como lo han propuesto las Farc, sólo paguen una sanción, no cárcel, o pena alternativa, y el Estado también estaría sujeto a demandas interpuestas por víctimas de la acción u omisión de funcionarios estatales, por lo que tal como lo han dicho varios sectores políticos, las Farc sólo aceptarán una solución judicial igualitaria con los otros actores en el conflicto, así que sigue abierta la pregunta, ¿irán guerrilleros y exministros o expresidentes juntos a la cárcel para ponerle fin al conflicto?
