Este lunes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dejó en firme su exigencia a 31 líderes de las desmovilizadas Farc para que envíen una carta en la que no solo reporten su ubicación actual en el territorio nacional y su situación, sino también expresen su compromiso con la implementación de los Acuerdos de Paz que firmaron con el Gobierno colombiano en 2016.
El tribunal de justicia transicional comunicó la decisión mediante un auto en el que notifica al liderazgo de Farc. "La Sala concluye que la conservación de los beneficios de suspensión de las órdenes de captura en todo el territorio nacional, la libertad condicionada, la libertad transitoria condicionada y anticipada, la aministía y la habilitación para la reincorporación a la vida política, están condicionadas al cumplimiento de una serie de obligaciones de contribución a la efectiva satisfacción de los derechos de la víctimas", argumentó.
En particular, la JEP señaló que es fundamental en esta línea "la contribución al éxito del proceso de reincorporación como garantía de la no repetición, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas por razón del conflicto, y la reparación a las víctimas a través de la realización de acciones concretas de reparación".
Esto es, existe un Régimen de Condicionalidad que acompaña la reincorporación de los exguerrilleros, por lo que estos deben estar en permanente cumplimiento del mismo, alineados con la voluntad de paz que esta normativa establece y fiscaliza.
De esta forma, la JEP cita a la Corte Constitucional cuando en el fallo C-080 de 2018 definió que las personas que se someten al tribunal de justicia transicional "están en la obligación de cumplir (i) una condición esencial de acceso, consistente en la finalización de su participación en el conflicto armado; y (ii) las condiciones de acceso y permanencia de no reincidencia, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas".
La sentencia también otorga a la JEP las prerrogativas necesarias para determinar si los desmovilizados están cumpliendo con esos lineamientos. Por este motivo, el alto tribunal de justicia transicional consideró que tiene el soporte jurídico necesario para solicitar que el liderazgo de las Farc responda cómo está cumpliendo con dichos compromisos.
