Un nuevo capítulo parece abrirse en torno al gabinete presidencial. La renuncia de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad, aceptada en la tarde del miércoles 17 de septiembre por el presidente Gustavo Petro, habría sido solo un posible movimiento temporal que, según analistas y la opinión pública, podría esconder una estrategia política para sortear obstáculos judiciales.
De acuerdo con el decreto 0992, firmado por Petro, Florián habría dejado su cargo y en su reemplazo fue designada de manera interina Angie Lizeth Rodríguez, directora del DAPRE. Sin embargo, hacia las 9:40 p. m. de ese mismo día, la hoja de vida de Florián apareció de nuevo en el portal de Presidencia, lo que fue interpretado por varios sectores como un indicio de que su salida solo habría sido un trámite transitorio.
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La sombra de la Ley de Cuotas
El trasfondo del episodio podría estar relacionado con la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024, que obliga a que al menos el 50 % de los altos cargos estatales sean ocupados por mujeres. La designación de Florián habría reducido la participación femenina en el gabinete al 47,37 % (9 de 19 ministerios), generando la suspensión de su nombramiento por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Aunque Florián en un primer momento pidió ser tratado como “ministra” al declararse de género no hegemónico, en su nueva hoja de vida seleccionó la casilla de género masculino, lo que habría reavivado el debate jurídico y político.
Ajustes estratégicos en el gabinete
Algunos observadores señalan que el nombramiento de Yeimi Carina Murcia como ministra TIC sería parte de un reacomodo ministerial destinado a blindar jurídicamente al Ejecutivo. Este ajuste permitiría restablecer la cuota de género exigida por la ley, lo que abriría la puerta a un eventual regreso oficial de Florián al Ministerio de Igualdad.
Un ministerio en la mira
El Ministerio de Igualdad, creado en la actual administración, ha sido señalado por su baja ejecución presupuestal. Según estimaciones, los cambios de gabinete han costado alrededor de 5,8 billones de pesos, y para 2026 la cartera de Igualdad tendría un recorte del 17 % frente al año anterior.
Este contexto alimenta las críticas de quienes sostienen que la permanencia de Florián responde más a un interés político que a resultados de gestión.
Persisten las tensiones entre el Ejecutivo y el Tribunal de Cundinamarca, así como las divisiones en sectores feministas y de diversidad de género, algunos de los cuales apoyan la defensa presidencial, mientras otros alertan sobre una disminución real en la representación femenina.
El desenlace aún estaría por definirse, pero todo apuntaría a que la historia de Florián en el Ministerio de Igualdad todavía no ha llegado a su final.
