La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, presentó este miércoles su renuncia al presidente Iván Duque.
En la publicación que compartió la entidad la politóloga aseguró que se retira del cargo por motivos personales y agradeció la oportunidad de haber podido servirle a la niñez y adolescencia de Colombia desde su Gobierno.
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En la misiva destacó algunos logros que tuvo durante su gestión en estos 18 meses en los que tuvo al frente de la institución encargada en la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.
En primera medida resaltó la reducción del 11,4 % en las notificaciones de muertes asociadas a la desnutrición entre 2018 y 2019, gracias al Plan Ni1+, además afirmó transformar el modelo de contratación en servicios de Primera Infancia, que involucra una inversión pública de 4,5 billones de pesos.
"Aumento del 10 % en las adopciones de niñas, niños y adolescentes (NNA), y del 18 % en las de NNA con características y necesidades especiales. Ello, acompañado de una disminución en los tiempos del trámite de adopción de 24 a 9 meses, gracias a una nueva plataforma de adopciones en línea (ADA), disponible desde diciembre de 2019", manifiesta la publicación.
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Además, asegura que logró descongestionar el 86 % de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), "que permitió definir la situación jurídica de 43.000 niñas, niños y adolescentes en tiempo récord".
La formulación de política pública, que ya tiene su base para un documento Conpes, y movilización social con el lanzamiento de campaña Todo lo que Hacemos les Queda.
También mencionó la conformación del Grupo Intersectorial Especializado entre Fiscalía, Policía, sector justicia, Medicina Legal e ICBF para dar respuesta unificada y para la recolección de pruebas oportunas y de calidad con el fin de reducir la impunidad en los casos de violencia sexual contra menores de edad.
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Finalmente, aseguró que su colaboración en la formulación del proyecto de ley sobre la prohibición del castigo físico y humillante, junto con la sociedad civil organizada y la academia, que actualmente avanza su trámite en el Congreso.
