A las voces de organizaciones y partidos políticos se han sumado las instituciones del Estado para expresar su posición frente a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Esta vez fue el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, quien envió una carta al presidente Iván Duque para pedirle que sancione la ley.
"Estima el Ministerio Público que constitucionalmente no es admisible la formulación de objeciones presidenciales en este momento del trámite legislativo, sin perjuicio de que con posterioridad se formulen debates de política pública en relación con la materia regulada, que puedan derivar en ajustes o actualizaciones de dicho Estatuto, en los cuales habrá de considerarse en todo caso, la doctrina de la Corte Constitucional", afirmó Carrillo en la carta remitida al primer mandatario.
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Según el jefe del Ministerio Público, esta norma que fue tramitada por el fast track del gobierno anterior, tenía seis meses para su aprobación y un solo control constitucional asignado, por lo que objetarlo demoraría aún más la implementación del componente especial de paz y haría que la Corte Constitucional tenga que revisar de nuevo lo que ya aprobó.
"La oportunidad para formular una eventual objeción por inconveniencia caducaría en el momento de emitirse fallo por la Corte Constitucional, pues la decisión de cierre de este tribunal, zanja el trámite que el constituyente derivado estableció para esta norma estatutaria en particular", aseguró Carrillo.
El procurador aseguró que se debe dar cumplimiento al acto legislativo 02 de 2017, en el que se establece que el Gobierno debe hacer sus mayores esfuerzos para lograr la aprobación de las normas y dar cumplimiento a lo acordado. Así mismo, que se debe respetar lo avanzado en la implementación basado en el principio de progresividad, por lo que una objeción a la ley significaría un retroceso en todo el proceso.
"Contemplar la opción de objetar una ley estatutaria luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional puede generar un riesgo para la seguridad jurídica, que precisamente quiso evitar el Constituyente al prever un esquema especial de control que lograra mayor estabilidad para esa clase de normas", afirmó el procurador respecto a la decisión que emitió la Corte Constitucional luego de que el congreso aprobara la ley estatutaria de la JEP.
"No es admisible en el orden jurídico colombiano, so pretexto de alegar razones de inconveniencia, plantear que al Presidente de la República se le reconozcan atribuciones para reabrir materias resueltas en su fallo por la Corte Constitucional, en el trámite de sanción del proyecto de ley estatutaria", afirmó el jefe del Ministerio Público.
Finalmente el procurador aseguró que dar trámite a la ley y permitir el funcionamiento completo de la Justicia Especial para la Paz permitiría respetar los derechos de las víctimas a la verdad, reparación y no repetición, los cuales son deberes fundamentales del Estado y objetar la ley impediría su cumplimiento.
En la última semana, el fiscal general Néstor Humberto Martínez también envió un mensaje al presidente de la República solicitándole que objete la JEP. Organizaciones de víctimas han pedido que se dé trámite a la ley, mientras que la bancada del Centro Democrático insiste en devolverla al legislativo.
