Este martes, la Procuraduría General de la Nación entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz el Informe sobre los funcionarios investigados y sancionados con motivo de su participación directa o indirecta en el conflicto armado colombiano.
"Nosotros queremos que se sepa la verdad. Acá hay una verdad que tiene que ver con las sanciones disciplinarias a los servidores públicos y a los denominados agentes del Estado. Pero nosotros seguimos insistiendo en tratar de depurar estas instancias como toca. Por ejemplo en evitar que haya colados, en evitar que se abuse de la Jurisdicción Especial para la Paz, en tratar de verificar que se cumplan las condicionalidades, porque hay casos en que no se están cumpliendo las mismas. Este es un elemento fundamental para que se fortalezca la JEP", dijo el procurador general, Fernando Carrillo, al término de la entrega de su informe.
Según el mismo, existen actualmente 1.588 procesos disciplinarios, entre activos y culminados, referentes a exfuncionarios vinculados a delitos con el conflicto armado colombiano.
El ente detalló que 733 de ellos están activos, de los cuales 650 corresponden a falsos positivos, 23 a atentados contra los derechos fundamentales, 21 a daño físico o psicológico, y 17 a conductas por determinar.
Entre los investigados, 632 pertenecen al Ejército, 14 a la Armada Nacional, 3 a la Policía, 1 a la Fuerza Aérea y 1 era funcionario municipal.
De 855 procesos culminados, se produjeron 220 fallos, por los cuales 290 servidores del Estado recibieron fallo sancionatorio por parte de la Procuraduría General de la Nación.
El jefe del ente de control, al ser preguntado sobre el hecho de que dos integrantes de la nueva cúpula militar tienen en curso procesos relacionados a delitos en el conflicto, consideró que "es apresurado cualquier juicio al respecto pero hay una convicción absoluta de que las Fuerzas Militares son fundamentales en la construcción de la paz en este país y de que tienen voluntad de seguir adelante con la reconciliación".
