El reciente anuncio del Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha generado gran controversia en Colombia, especialmente entre los usuarios de los estratos 4, 5 y 6. En su intervención durante el Congreso Colombia Genera, de la Andi, Palma propuso que estos estratos, junto con los sectores industriales y comerciales, sean los encargados de asumir los saldos pendientes relacionados con la opción tarifaria, una deuda que asciende a $3,1 billones a nivel nacional.
Esta medida ha sido vista por muchos como un golpe directo al bolsillo de los colombianos de mayores recursos, aunque la medida también tiene implicaciones para los estratos más bajos.
Durante la pandemia, el Gobierno Nacional implementó una opción tarifaria para ayudar a los usuarios de energía a hacer frente a las dificultades económicas. Esta medida permitió a los consumidores pagar sus facturas de energía de manera gradual, aplazando algunos saldos para tiempos posteriores. Sin embargo, a pesar de los intentos del Gobierno por que la Nación asumiera esta deuda a través de la Ley de Financiamiento, la propuesta no obtuvo el respaldo político necesario en el Congreso.
Frente a este rechazo, el Ministerio de Minas y Energía ha planteado que los estratos más altos, los industriales y las entidades comerciales, sean los responsables de asumir estos pagos pendientes durante un período de entre 8 y 10 años.
Según el Ministro Palma, la idea es aliviar la situación financiera de las distribuidoras de energía, evitando un incremento abrupto de hasta el 140% en las facturas de los usuarios, especialmente de los estratos más bajos, quienes son los más vulnerables ante este tipo de cambios tarifarios. De acuerdo con el Gobierno, esta estrategia sería una solución viable, que equilibraría la carga y permitiría a las distribuidoras cubrir los saldos sin que los más pobres se vean gravemente afectados.
Las repercusiones para los estratos 4, 5 y 6
El impacto directo de esta medida recaería sobre los estratos 4, 5 y 6, los cuales se verían obligados a asumir el costo de la deuda acumulada. Estos usuarios, que normalmente tienen una mayor capacidad económica, serían los responsables de pagar una deuda que, según argumentan algunos críticos, no les corresponde directamente. La propuesta de Palma ha provocado un fuerte rechazo de sectores que consideran injusto que se les cargue esta responsabilidad, ya que la deuda fue generada por una decisión del Estado durante la crisis de la pandemia.
Este tipo de medidas podría generar un aumento significativo en las facturas de energía de los estratos altos, lo que afectaría su economía familiar y personal. Aunque el ministro ha afirmado que este ajuste será gradual, las críticas no se han hecho esperar. Muchos consideran que este tipo de soluciones no son justas, ya que en lugar de buscar una forma de financiar la deuda de manera equitativa, se estaría trasladando la carga exclusivamente a ciertos sectores de la población.
La visión de los expertos: ¿Es la solución correcta?
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, manifestó su desacuerdo con la propuesta, argumentando que la opción tarifaria fue definida originalmente por el Gobierno Nacional como una medida temporal para aliviar la situación de los usuarios más afectados por la pandemia.
En su opinión, el Estado debería ser quien asuma la deuda generada por esta medida, ya que fue el Gobierno el que hizo las promesas y asumió las obligaciones. Para Mac Master, trasladar esta deuda a los estratos más altos no parece una solución justa ni adecuada, especialmente considerando que fue una política estatal.
Por su parte, el ministro Palma subrayó que la opción de asumir la deuda dentro de la Ley de Financiamiento fue rechazada por el Congreso, lo que obligó al Gobierno a explorar alternativas. La propuesta de hacer que los estratos 4, 5 y 6 asuman la deuda es vista, desde esta perspectiva, como una forma de buscar una solución intermedia que evite que los usuarios más vulnerables carguen con el peso de la deuda.
¿Qué pasa con los estratos 1 y 2?
Aunque la propuesta está centrada en los estratos más altos, los usuarios de los estratos 1 y 2 también tienen motivos para estar preocupados. La deuda acumulada podría tener repercusiones indirectas sobre el precio de los productos y servicios que utilizan a diario, ya que las distribuidoras de energía podrían verse obligadas a ajustar sus tarifas para compensar el déficit. Esto podría generar un aumento en los costos de vida, afectando especialmente a las familias más vulnerables.
