“El camino de la legalidad demanda que logremos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial una
reforma a la Justicia que la haga más eficiente, más cercana al ciudadano, más confiable y que nos permita garantizar oportunamente los derechos de todos los colombianos”, esa fue una de las frases más emblemáticas del discurso de
Iván Duque el día de su posesión como presidente de la República; en ese momento prometió junto a su equipo de gobierno, uno de los puntos fundamentales de su administración, lograr una verdadera transformación al aparato judicial del país.
El pasado jueves se dio el primer paso. Luego de ser consultada y discutida con las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación y varios funcionarios pertenecientes a la Rama Judicial, el Gobierno Nacional presentó ante el
Congreso de la República el proyecto con el cual se pretendería lograr dicho objetivo: hacer efectiva a la justicia para el beneficio de todos los colombianos.
[single-related post_id="942841"]
La iniciativa contempla tres ejes principales, entre ellos lograr probidad, transparencia e integridad en la administración de justicia, implementando medidas como la eliminación de facultades electorales, y el aumento de los requisitos de experiencias e la suma de inhabilidades para los magistrados y jueces de las altas cortes.
Para conseguir eficiencia, eficacia y calidad, una de las propuestas más relevantes en este proceso es que le da prioridad a la administración de la rama judicial. Esta última ya no estará a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, sino de una Comisión Interinstitucional. Así pues, se buscaría la creación de una nueva institucionalidad, dándole mayor presupuesto a esta administración.
https://twitter.com/GloriaMBorrero/status/1040307872612184064
Además, con el fin de brindar seguridad jurídica, el gobierno de Iván Duque propone que se le de la función explícita a la Corte Suprema de Justicia unificar la jurisprudencia e igualmente, lograr reformar la acción de tutela.
KienyKe.com se dio a la tarea de consultar con expertos sobre los puntos fuertes que contempla este proyecto de reforma a la justicia, cuáles son sus debilidades y qué otras propuestas se deberían incluir para lograr enriquecer dicha iniciativa.
La pertinencia de la Reforma a la Justicia
José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, en diálogo con este medio calificó esta iniciativa como "bien intencionada", debido a que cree que definitivamente la administración de justicia sí necesita un reforma en varios puntos fundamentales y que muchos de esos puntos, el proyecto del Gobierno Nacional los presentó.
Hernández consideró pertinente que la reforma a la justicia, de ser aprobada,
aumente las inhabilidades de los magistrados de las altas cortes y de la Comisión de Carrera Judicial. Este aumento establece que dichos funcionarios no podrán recomendar a nadie para ningún órgano de control o de la rama ejecutiva, y que de hacerlo, la sanción que recibirán será la pérdida del cargo, lo que provocaría no litigar directa o indirectamente ante su jurisdicción durante un periodo de cuatro años y no podrán postularse a cargos de elección popular.
Además, señaló que las
medidas para restaurar la confianza en las cortes son adecuadas y que de ser aprobada, es el deber de las Salas Plenas suspender a los magistrados que afecten gravemente con su conducta la confianza pública en las cortes y le reste credibilidad a las instituciones.
Hernández mencionó que es adecuada la
unificación de jurisprudencia por las altas cortes. Puntualizó que es necesario que "la Corte Suprema se dedique a unificar lo correspondiente a la jurisdicción ordinaria, el Consejo de Estado se enfoque en la jurisdicción administrativa y la Corte Constitucional en todo lo que tiene que ver con el orden constitucional".
En este punto coincidió el exfiscal General de la Nación (e),
Guillermo Mendoza Diago, quien indicó que el Gobierno Nacional acertó en que es necesario la unificación de estos criterios.
"Hay temas que en un momento dado pueden ser comunes para las decisiones del Consejo de Estado, para la Corte Constitucional y para la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay situaciones que son discutidas y se puede evidenciar las diferencias de los criterios en las distintas cortes", aseguró el exfiscal.
Mendoza, además señaló que para evitar esa pluralidad sí es necesaria la unificación de toda la jurisprudencia y lo más importante es que ese criterio sea un precedente judicial obligatorio. "Este es un punto fundamental de la reforma para evitar la inseguridad jurídica. Muchas veces la gente no sabe a qué atenerse, una corte dice una cosa y otra dice algo totalmente distinto, entonces la gente queda desconcertada".
Por su parte, Jose Gregorio Hernández expresó que, para él, una de las medidas más acertadas en la reforma es que las providencias judiciales no sean reveladas públicamente sin ser redactadas y firmadas por los magistrados con los respectivos salvamentos y con las aclaraciones de voto.
"La sentencia no se debe divulgar sin que esté firmada, porque lo que hemos observado es que se divulgan comunicados que no son sentencias y que no tienen valor desde el punto de vista jurídico. Esos comunicados salen a la luz pública y mientras tanto la providencia no sale. Me parece que este es un punto fundamental que contempla la reforma", explicó.
¿Cuáles son las debilidades del proyecto?
El expresidente de la Corte Constitucional le dijo a
KienyKe.com que el problema actual de la justicia en Colombia va más allá de establecer sanciones e inhabilidades a los funcionarios de las altas corporaciones de justicia y que muchas de las normas ya mencionadas no erradican por completo el problema que hay al interior de la Rama Judicial.
Jose Gregorio Hernández indicó que el problema que tiene el ciudadano del común no está únicamente relacionado con estas altas corporaciones, sino que hay una deficiencia en el acceso efectivo a la administración de justicia, que existe morosidad, que hay demora en los procesos y congestión en los juzgados y tribunales.
"Los colombianos se tienen que aguantar el excesivo formalismo en el trámite de los procesos. Además, no se libran del problema actual de la corrupción, desde luego uno no puede generalizar, eso sería calumnioso, pero sí hay muchos focos de corrupción al interior de la Rama Judicial que yo creo que en el proyecto no se ataca", manifestó.
[single-related post_id="944068"]
Por otro lado, señaló que hay falta de preparación de los jueces y los magistrados en cuanto su formación jurídica. Agregó que en el sistema actual, para llegar a los cargos primero que todo están jugando "las fuerzas políticas, la recomendación, el respaldo, más que la hoja de vida y la trayectoria".
Agregó que: "Muchas veces hay desactualización en los procesos, no hay sujeción a las líneas jurisprudenciales. Es necesario que nuestros futuros jueces y magistrados entén preparados desde el punto de vista jurídico en la rama correspondiente a la que pertenece. Un juez no debería llegar a su cargo simple y llanamente porque participó en un concurso. Es importante que haya un tiempo de preparación específica para ser juez en una determinada área del derecho".
"Es necesario lograr una verdadera independencia de la Justicia"
Uno de los puntos más polémicos de este proyecto de reforma a la justicia es que de ser aprobada, el periodo institucional del Fiscal General de la Nación será coincidente con el del Presidente de la República.
"Yo creo que lo más aconsejable
es que los periodos no coincidan, para garantizar la independencia del Fiscal. Tampoco es apropiado que si la Corte Constitucional no elige al Fiscal General en un tiempo determinado, lo tenga que elegir el presidente. Esta medida es indebida, quien esté al frente de la Fiscalía tiene que ser un funcionario totalmente independiente al gobierno de turno, no debe ser un Fiscal de bolsillo", aseveró.
Vanessa Suelt Cock, Doctora en Ciencias Jurídicas, concuerda en que este es uno de los puntos débiles que tiene la reforma presentada por el Gobierno Nacional. Señaló que la elección del Fiscal debe ser totalmente independiente a la administración de turno, para que su labor investigativa se realice con verdadero rigor e indicó que "pueda ejercer su capacidad de investigación sobre todas las actuaciones del gobierno anterior. Por eso debe ser contrapuesto".
Ejercer el derecho a la acción de tutela
Frente a la acción de tutela, la reforma a la justicia establece que se exigirá legitimidad de quien la ejerce. En este punto, Hernández considera que es equivocado pretender que la persona deba estar legitimada para ejercer este derecho y que este también es una ineficiencia desde la iniciativa presentada.
"Por ejemplo, en la Constitución se establece que cualquier persona debe verlar por el respeto a los derechos de los niños y que podrá acudir a las autoridades competentes para que esos derechos sean respetados. Si un vecino sabe que a un niño lo maltratan sus padres ¿tendremos que esperar que sea el padre maltratador quien se presente ante la justicia? El vecino conocedor del caso debería ser quien ponga en conocimiento al juez del sistema para la protección de ese menor y así se respeten sus derechos funamentales", ejemplificó.
El jurista señaló que tampoco ve necesario que se tenga que tramitar ante el juez del área correspondiente como establece el proyecto. Según él, todos los jueces están llamados a proteger los derechos fundamentales y tendrían la facultad de resolver sobre la acción de tutela para proteger los derechos de los ciudadanos, aplicando la Constitución directamente por encima de la especialidad.
"La Constitución prevalece sobre las normas de los códigos penales, administrativos, civiles y no a la inversa. Ellos tienen que proteger los derechos de los colombianos. No tenemos por qué complicarles más la vida a los ciudadanos de a pie".
Por último, aseguró que ponerle el centro de atención a estos puntos, discutirlos y llegar a consensos, logrará enriquecer aun más la reforma, y que esto tendrá como fin un proyecto integral de la administración de Justicia que efectivamente cumpla con lo prometido desde el Gobierno a los Colombianos, garantizando una verdadera independencia de del sistema judicial, que tenga su propio presupuesto para operar de manera eficiente y que cuente con la transparencia necesaria para transformar el país.
¡Haga clic aquí y conozca en tiempo real toda la información de Colombia y el mundo!
