¿Quién es el senador que quiere limitar el periodismo?

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¿Quién es el senador que quiere limitar el periodismo?

11 de diciembre del 2018

Este martes el senador Jonathan Tamayo “Manguito” de la lista de Los Decentes no supo responder a las preguntas del grupo periodístico de La W, además se le notó confundido y falto de palabra a la hora de justificar el proyecto de ley “por medio de la cual se reconoce la profesión de Comunicación Social – Periodista y se crea el Consejo Profesional del Comunicador Social”.

El ‘oso’ que protagonizó el extrovador terminó en burla cuándo colgó argumentando que no era capaz de escuchar a los periodistas que le increpaban. Al final del episodio uno de los comunicadores aseguró que “Manguito”, como es conocido Tamayo, estaba “muy biche para realizar una labor legislativa”.  

Sin embargo, este no es el único escándalo en el que se ha visto involucrado el primíparo senador; comenzando la legislatura protagonizó un duro enfrentamiento con la cabeza de su bancada, Gustavo Petro, al declararse, de la noche a la mañana, afín con la ideología de gobierno.

“Cuando yo fui candidato al Senado, me presento por ASI (Alianza Social Independiente) y pido el aval. Ahí ASI no estaba en la lista de la Decencia y faltando un mes nos dicen a todos los candidatos que hubo una coalición. En mi caso nunca fui petrista, he sido un defensor de la familia”, dijo en su momento a Blu Radio.

De hecho, el senador no hizo parte de la declaración de su bancada, de estar en oposición, si no que cambió de bando y ahora hace parte de las políticas del gobierno. Manguito logró la tercera votación más alta de su lista solo superado por Aida Abella y Gustavo Bolívar, es decir, 14.885 votos.

El proyecto que impulsa

Más allá de la polémica por su postura política y por la confusión ante los micrófonos Manguito está en el centro de la polémica por el proyecto de ley que regula la profesión del periodista del cual es ponente.

Según el articulado: “A ninguna persona se le podrá exigir título o credencial profesional para su ejercicio laboral como periodista, según sentencia  C-087 de 1998”; sin embargo, a renglón seguido el proyecto sostiene que “de manera voluntaria e independiente, las personas interesadas en acceder  al reconocimiento profesional en Comunicación Social, podrán solicitar la expedición de Credencial,  según lo establecido en el artículo 5º de la presente Ley”.

Aún no está muy claro el papel de la ‘credencial’ propuesta por el proyecto.  Además, el articulado propone la creación del Consejo Profesional del Comunicador Social y Periodista una entidad encargada de expedir las credenciales y “expedir y publicar tabla con recomendaciones tarifarias para la realización de trabajos periodísticos y de comunicación social”.

Las críticas

La Asociación Colombiana de Medios de Información, AMI, la Fundación para La Libertad de Prensa, FLIP, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI y Friedrich-Ebert- Stiftung en Colombia, FESCOL, aseguraron, a través de una carta, que el proyecto de ley va directamente en contra del ejercicio del periodismo y sus premisas.

Según los firmantes la ‘credencial’ es violatoria de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos “por ser contraria al derecho a la igualdad. Se quedarían por fuera de la posibilidad de obtener esta credencial y de acceder a la plenitud de derechos que se reconoce quienes, entre otras cosas, no hayan cursado estudios universitarios en periodismo y que no tengan más de quince años de experiencia”

Por último, los miembros de las asociaciones informativas aseguran que en la sentencia C-650 de 2003, la Corte Constitucional sostuvo (en relación con una ley que reconocía como periodistas profesionales a quienes tuvieran un título universitario y a quienes hubieran ejercido la profesión por al menos diez años de manera remunerada) “que los desarrollos legislativos para reconocer la actividad periodística no pueden aparejar ningún tipo de exclusión, que nadie debe tener el monopolio del reconocimiento del periodista y que la finalidad del reconocimiento debe ser eminente y exclusivamente protectora del periodista”. Sin embargo, este proyecto es excluyente y deja desprotegida a una población importante de periodistas.