Con el regreso de la Corte Constitucional tras la vacancia judicial, el Gobierno entra a un tramo sensible del 2026: el tribunal tiene en sus manos dos expedientes que pueden cambiar el ritmo político y fiscal del año. Uno es la reforma pensional (la Ley 2381 de 2024). El otro, la emergencia económica y social declarada en diciembre por decreto. En ambos casos la discusión no es solo jurídica: también marca qué tan lejos puede llegar el Ejecutivo cuando el Congreso se traba o cuando el tiempo apremia.
Reforma pensional: el trámite es la batalla central
La reforma plantea un sistema por pilares, pero hoy su implementación está frenada por una decisión concreta: la Corte ordenó una suspensión temporal y devolvió el texto a la Plenaria de la Cámara para corregir el procedimiento y votarlo “en debida forma”. El foco, por ahora, no está en si la reforma convence o no, sino en si el expediente deja claro que hubo deliberación, votación válida y reglas respetadas.
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Escenarios
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Más probable: fallo por “vicios de trámite”. La Corte puede tumbar la ley completa o exigir una nueva corrección en el Congreso. En términos simples: la reforma se cae y toca empezar de cero, o queda colgada de otro round legislativo que compite con el calendario electoral.
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Probabilidad media: aval parcial con condicionamientos. La Corte dejaría vigente el corazón de la reforma, pero con límites: artículos que solo aplican si se interpretan de cierta forma, o puntos que deben ajustarse para evitar vacíos. No es una victoria limpia, porque abre otra pelea: la reglamentación y el alcance real.
- Menos probable: luz verde sin ajustes. Para que ocurra, el tribunal tendría que concluir que el procedimiento quedó plenamente subsanado y que lo discutido no amerita correcciones adicionales.
Mientras tanto, el Gobierno ya mueve piezas por fuera de la reforma: por ejemplo, el impulso a transferencias para personas mayores, con pagos de 230.000 pesos a 3 millones de beneficiarios, que se extienden hasta enero (según información oficial de Prosperidad Social). No reemplaza un cambio estructural, pero sí fija un hecho político.
Emergencia económica: la Corte mide el límite del estado de excepción
Este capítulo tiene otra lógica: la Corte revisa de manera automática la declaratoria y los decretos que la desarrollan. La emergencia económica y social fue decretada por 30 días calendario (el Decreto 1390 de 2025) y luego vino el paquete de medidas, incluidas disposiciones tributarias. En ese marco aparece un dato que ordena el debate: se planteó una necesidad de 16,3 billones frente a un recaudo estimado de 11 billones con medidas inmediatas.
Aquí la Corte suele concentrarse en dos preguntas: si la situación era realmente grave, inminente e imprevisible, y si los impuestos o ajustes guardan conexidad directa con la crisis que se invoca. No basta con “necesitamos plata”; hay que probar urgencia y relación estricta.
Escenarios
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Más probable: recorte fuerte del paquete. Puede caer la declaratoria, pero es más común que caigan decretos específicos por falta de conexidad. Medidas como IVA a ciertos servicios digitales o ajustes a tributos patrimoniales quedarían bajo lupa.
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Probabilidad media: aval parcial, con tijera fina. Se mantiene lo que la Corte considere estrictamente urgente y ligado a la causa, y se elimina lo demás.
- Menos probable: aval completo. Sería un precedente pesado: validaría usar el estado de excepción como ruta amplia cuando no se consiguen mayorías.
Un punto práctico no menor: si se tumban tributos que ya se cobraron, se abre la discusión sobre devoluciones, compensaciones o decisiones moduladas para evitar caos administrativo. Ese es el tipo de detalle que, al final, aterriza el debate en bolsillo y caja.
En 2026, estas dos decisiones no solo dirán “qué pasa” con una ley y un decreto. También fijarán el tono del año: si la Corte cierra la puerta a atajos, si deja margen para corregir sin romper, o si valida una lectura amplia del poder excepcional.
