A casi dos días de lo que se asegura fue un atentado contra el presidente Nicolás Maduro, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, reveló el estado de las investigaciones que adelantan cuatro fiscales, conjuntamente con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
“Se presume que estuvo vinculado con una investigación que adelanta el Ministerio Público (…), un ataque terrorista ocurrido hace exactamente un año”, dijo Saab, al referirse al denominado asalto al Fuerte Paramacay, una acción militar mediante la cual se extrajo armamento de una brigada blindada en el centro del país, el 6 de agosto de 2017.
Además, el fiscal aseguró que conocían los dos lugares donde operaron sendos drones –con los que se habría intentado perpetrar el hecho este 4 de agosto–, y que en ambos sitios habían obtenido “pruebas de interés para la investigación”.
Saab reveló que el mismo día del hecho detuvieron en un vehículo a dos personas que presuntamente operaban uno de los drones, que se estrelló en un edificio cercano al sitio donde Maduro se encontraba celebrando, junto a la primera dama, representantes de los poderes públicos, el alto mando militar y los ministros, el 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.
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Este domingo, los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, acotaron que en total habían sido seis los detenidos por este hecho.
El fiscal reiteró que todos los autores materiales y sus colaboradores habían sido identificados, así como los “explosivistas” que habrían armado los artefactos. De igual forma, aseguró que habían establecido las primeras conexiones internacionales de estas personas.
El día del incidente, el propio presidente Maduro apuntó a que los autores intelectuales estarían entre Bogotá y Miami, versión que ha sido reforzada por otros voceros oficiales y desestimada por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
De acuerdo con Saab, las investigaciones los condujeron al sitio en el que los autores materiales del hecho se habrían alojado en días previos a lo que insistió fue un intento de “magnicidio” y “masacre”.
La mañana de este lunes, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tomaron el hotel Pestana, al este de Caracas. Extraoficialmente se conoció que allí estuvieron los presuntos involucrados en los hechos del 4 de agosto.
El fiscal reveló, además, la precalificación de los hechos: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente, homicidio frustrado y lesiones graves en funcionarios heridos, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
Hace exactamente un año, Saab fue designado fiscal general de la República por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, tras haber destituido de ese cargo a Luisa Ortega Díaz, una mujer del chavismo que había comenzado a ser crítica con el gobierno de Maduro.
“Quienes buscaron amedrentar esta vez a las autoridades del Estado venezolano lo que han logrado es fortalecer la unidad institucional de los poderes públicos, en relación a lo que implica la defensa de la democracia venezolana, de la paz y de la estabilidad en este país”, expresó Saab, al referirse a los hechos del sábado.
Este lunes, simpatizantes del gobierno de Maduro se movilizaron entre la plaza Morelos y el Palacio de Miraflores, en Caracas, para condenar el hecho y apoyar a su “líder revolucionario”.
Con información de Anadolu
