En Colombia el asbesto está prohibido, pero no erradicado. Desde enero de 2021, la Ley 1968 —conocida como la Ley Ana Cecilia Niño, en honor a la periodista que murió por exposición a este material— prohibió su uso, producción, comercialización e importación. En el papel, el país dio un paso histórico. En la práctica, sigue conviviendo con un enemigo letal que permanece instalado en techos, redes de agua, paredes y estructuras públicas.
El material, utilizado durante décadas en la construcción de viviendas, colegios, hospitales y acueductos, aún está presente en millones de edificaciones, principalmente en zonas vulnerables. Y aunque el Estado ha hablado de sustitución progresiva, los resultados son mínimos. Según la Comisión Séptima del Senado, solo uno de los nueve compromisos asumidos por el Gobierno para eliminar el asbesto ha sido cumplido. Se estima que más de diez millones de toneladas siguen instaladas, en su mayoría en tejas de fibrocemento.
Las consecuencias son devastadoras. El asbesto no mata de inmediato, pero lo hace con precisión quirúrgica. Provoca enfermedades como asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón, cuyos efectos aparecen años después de la exposición. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, cada año mueren más de 300 personas en Colombia por patologías asociadas a este material. La cifra es probablemente mayor, ya que muchos casos no se diagnostican o no se reportan con precisión.
El decreto 0402 de 2021 buscaba reglamentar el proceso de sustitución y crear una comisión nacional para supervisar su ejecución. Esa comisión existe, pero su accionar ha sido lento y sin resultados contundentes. La llamada Ruta Integral de Atención a víctimas, adoptada en 2023, aún no se implementa en la mayoría de regiones, y no hay una política pública clara que trace un cronograma realista para la eliminación total del riesgo.
Mientras tanto, las víctimas siguen apareciendo. Algunas sin saber que lo son. Otras ya con diagnósticos terminales, como sucedió con Ana Cecilia, cuyo caso inspiró la ley pero también dejó en evidencia que muchas veces las reformas llegan demasiado tarde.
Colombia eliminó el asbesto en los códigos, pero no en los techos. La ley está escrita. Lo que falta es voluntad para cumplirla. Porque cuando el Estado permite que los techos enfermen y maten, la omisión también es una forma de condena.
