El presidente de la Cámara de representantes, David Racero, volvió a encender el debate por los privilegios de los congresistas luego de anunciar que, al parecer, se acabarían los almuerzos auspiciados por dicha corporación. Esto debido a que, para el representante, es importante mantener una política de austeridad que reduzca los gastos innecesarios de los funcionarios públicos.
Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que por más que le insistan no está dispuesto a asignar recursos de la Cámara para “el almuerzo de 187 representantes”. Incluso, añadió, cuando hayan sesiones largas de trabajo, que es precisamente uno de los argumentos contrarios que ha encontrado su nueva decisión.
“Es verdad que estamos teniendo sesiones largas de trabajo. Pero para eso nos pagan. Dejemos la sinvergüencería”, señaló el representante.
Lo cierto es que, cuento aparte, el gasto del almuerzo de 187 representantes es bastante considerable. Por ejemplo, en el remoto caso de que el almuerzo de un congresista fuese un corrientazo de 10 mil pesos, al igual que el de un colombiano de a pie, significaría un total de $1’870.000 diarios por sesión. No obstante, si dicho almuerzo rondase los 25 mil pesos, ese gasto diario ascendería a 4’675.000. Ya habría que mirar cuál es el caso.
Sin embargo, también hubo quienes se opusieron al anuncio de David Racero, destacando que los representantes generalmente tienen jornadas bastante extensas de trabajo, incluso con dificultad para abandonar el recinto en medio de la agenda del día. Algo que, igualmente, carece de una explicación suficiente para respaldar que dicho gasto de alimentación tenga que correr por parte del Estado.
Una división de opiniones en la que destaca la postura de algunos que consideraban “injusto” que a los congresistas les paguen el almuerzo mientras que una gran mayoría lo asumen de su sueldo y otros, como el periodista Sebastián Nohra, que rescatan la importancia del trabajo legislativo y el poco efecto fiscal que, según él, tendría eliminar los almuerzos.
En medio de la polémica, David Racero defendió los efectos positivos que podría tener la reducción progresiva de los beneficios de los congresistas: “En 4 años tendremos allí a un grupo de personas a quienes realmente les inspira su trabajo, y están dispuestos a realizarlo por el privilegio que en sí mismo supone la representación de la ciudadanía”.
Cabe recordar que este no es el primer privilegio que el nuevo presidente de la Cámara le retira a los funcionarios de dicha corporación, empezando por las camionetas blindadas, retiradas de tajo el pasado 3 de agosto. A menos de un mes de posesionarse en la presidencia de la Cámara.
“Ningún funcionario de la Cámara de representantes tendrá un vehículo asignado, pagado por esta corporación. Incluyendo a presidencia, vicepresidencia, secretarías constitucionales, generales, entre otras entidades, tendrán que devolver los vehículos que se les habían asignado”, anunció Racero, añadiendo que la Cámara no volvería a comprar ningún vehículo particular.
De David Racero a otros cambios para congresistas
A la par con estos anuncios del representante David Racero, en las distintas corporaciones del Congreso se empiezan a cocinar varios proyectos de ley que tienen la finalidad de reducir las brechas entre los congresistas y los ciudadanos, así como mejorar la confianza hacia esta institución.
Por ejemplo, ahora mismo el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, está en una auténtica cruzada para recibir apoyos en su proyecto que busca retirar la prima especial de servicios a los congresistas, algo que en el corto plazo podría suponer una reducción de $35,4 millones a $25 millones de salario. Iniciativa en la que por cierto cuenta con el apoyo de Racero.
Seguido a ello, viene el macroproyecto de los senadores Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y la representante Catherine Juvinao, que apunta desde varios frentes: poner un tope de 25 salarios mínimos al sueldo de los congresistas a partir de 2026, la reducción del receso legislativo, la ampliación de las causales de pérdida de investidura, un límite de tres periodos en la reelección (en cualquiera de las cámaras), la lucha contra la corrupción, entre otras cosas.
A la par, Gustavo Bolívar anunció que buscará sacar adelante un proyecto por su lado para que a los congresistas se les pague por sesión. Lo que significa que, en caso de ser aprobado, un senador o representante que no asista a plenaria no pueda cobrar ese día laboral.
Como si eso fuera poco, según manifestó hace unas semanas a Kienyke.com la representante Catherine Juvinao, se alistan una iniciativa de ley orgánica para reformar la Ley Quinta con el fin de hacer el trámite legislativo más limpio, transparente y eficaz; así como un proyecto de ley estatutaria para crear un Sistema Integral de Rendición de Cuentas.
Así las cosas, es innegable que parte del nuevo Congreso llegó con voluntad para hacerle frente a varios privilegios que desde la sociedad colombiana han sido señalados varias veces como “lujos”. No obstante, como se ha visto en las últimas semanas, incluso con mayorías alternativas dicha tarea seguirá encontrando resistencias importantes.
