Gran polémica desató una carta de los senadores y antiguos miembros de las Farc, Victoria Sandino e Israel Zúñiga (o 'Benkos Biohó', como se le conocía), en la cual afirmaron que esta guerrilla no fue un "aparato criminal", sino más bien una "organización rebelde" y que por eso mismo tuvieron la oportunidad de negociar y firmar un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional.
"Las Farc-EP fue una organización rebelde (...) No fue un aparato criminal; una organización de ese tipo no podría haber alcanzado jamás ese reconocimiento formal", dice en uno de sus párrafos la misiva titulada: La rebelión no es un crimen de guerra.
Por esta razón, los senadores recordaron que las calificaciones y categorías jurídicas empleadas frente a los hechos del conflicto que les han sido atribuidos a ellos y otros excombatientes, deben corresponder con esta realidad –según recalcaron– tal y como está dispuesto en el Acuerdo de Paz y en el Acto Legislativo 01 de 2017.
"De igual forma, el marco de referencia del Derecho Internacional Humanitario, de los Derechos Humanos y del derecho penal internacional que el Acuerdo de Paz le mandató a la JEP, incluye la aplicación obligatoria del principio de favorabilidad", dice el texto.
Además, se advierte que para hacer la transición "a una Colombia en paz y reconciliada", los combatientes que continúan en el proceso necesitan hacer efectivo un "nuevo paradigma de justicia".
"Un retroceso en el reconocimiento del carácter del conflicto armado, del derecho a la rebelión, el delito político o la aplicación de los estándares jurídicos internacionales, sería un mal antecedente en las necesarias garantías de no repetición y la búsqueda de salidas incruentas a otras confrontaciones armadas en el país y el mundo", concluye la carta de los exguerrilleros y ahora senadores de la República, la cual no tardó en despertar una gran cantidad de reacciones entre quienes reconocen que la rebeldía es un derecho humano y aquellos que cuestionan los terribles excesos de las Farc en su forma de ejercer dicha facultad.
"Rebelde? Que pena, pero no sea descarada y sinvergüenza ¡Ustedes son una organización narcoterrorista! No permitiremos que cambien la historia ¡Asesinos!", expresó Juanita Cataño, antigua diputada del Valle del Cauca, mientras que la economista y columnista María José Bernal añadió que los exguerrilleros de las Farc deben pagar por cada secuestro, tortura, asesinato y reclutamiento forzado que cometieron en contra de la población colombiana.
Por su parte, el senador Fernando Nicolás Araujo (del Centro Democrático) recordó que las Farc acudieron –además del secuestro y otras actividades ilícitas– al narcotráfico con la finalidad de financiar y expandir sus actividades.
"Cometieron prácticamente todos los delitos que contiene el código penal", agregó el político cartagenero.
Entretanto, detractores de los políticos del partido Comunes y aquellos que no están de acuerdo con la negociación hecha entre Gobierno y Farc, continúan manifestándose en contra de una carta que consideraron ofensiva e irrespetuosa, argumentando que desconoce a millones de víctimas de esta guerrilla.