El atentado reciente contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no solo estremeció a la opinión pública, sino que también encendió las alarmas en el partido Centro Democrático. El hecho evidenció una verdad incómoda: la oposición en Colombia no se siente protegida, y hoy lo reclama con contundencia.
En una carta enviada el 8 de junio a la Unidad Nacional de Protección (UNP), el director nacional del partido, Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, exige medidas inmediatas para salvaguardar la vida de sus líderes. El documento, dirigido al director de la UNP, Augusto Rodríguez, denuncia una omisión sistemática de más de 24 meses frente a solicitudes de seguridad que, según afirman, han sido reiteradas y fundamentadas.
“El caso de Miguel Uribe es la prueba más dolorosa de lo que venimos advirtiendo”, aseguró un alto dirigente del partido. El atentado ocurrido en Bosa, Bogotá, no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un abandono institucional. Uribe Turbay ha sido una voz crítica del Gobierno, y su condición de opositor lo hacía blanco evidente. Hoy está vivo de milagro. ¿Y mañana?
La carta invoca el Estatuto de Oposición (Ley 1909 de 2018) y el Artículo 112 de la Constitución, y responsabiliza directamente al Gobierno Nacional y a la UNP de cualquier afectación contra:
• Congresistas de la República
• Precandidatos presidenciales
• Diputados y concejales amenazados
• Otros miembros del partido con roles de alto perfil
Lo más grave no es solo la denuncia, sino el precedente que sienta la omisión: “Esta situación no solo compromete la seguridad de nuestros líderes, sino que pone en entredicho la credibilidad del Estado como garante de la democracia y del pluralismo político”.
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