El salario mínimo debería ser una buena noticia. Debería emocionarnos. Debería significar que a quienes más trabajan y menos reciben, por fin, les alcanza un poco más. Que el esfuerzo cotidiano tiene un reconocimiento. Que el país da un paso hacia la dignidad.
Pero en Colombia ocurre algo distinto. Cada vez que sube el salario mínimo, no se abre un suspiro de alivio. Se abre una sospecha. Una incomodidad. Una frase que se repite en la calle, en el mercado, en la tienda, en la conversación del bus:
“Si sube el salario mínimo, sube todo”.
Y ahí es donde la discusión deja de ser económica y se vuelve estructural, casi cultural, porque el problema no es el aumento.
El problema es que amarramos el país entero al salario mínimo.
Multas, trámites, matrículas, sanciones, cobros estatales, tarifas de servicios, costos administrativos, contratos, procedimientos… una cadena silenciosa que indexa la vida diaria al mismo valor que debería proteger al trabajador más vulnerable.
El salario mínimo nació para cuidar a la gente.
En Colombia, lo convertimos en el mecanismo que también le sube el costo de vivir a esa misma gente.
Esa es la paradoja. Esa es la trampa.
El error no está en subir el salario mínimo. El error está en haberlo convertido en la vara con la que se mide todo
El salario mínimo debería ser eso: un piso laboral, una línea de dignidad.
Pero aquí se volvió una unidad de cuenta nacional.
Cuando el mínimo sube, no solo sube el ingreso de quienes lo reciben, que además son una minoría en la formalidad. También suben cobros, tarifas y sanciones que paga todo el mundo, incluso quienes ganan menos del mínimo, quienes viven del rebusque, quienes no tienen contrato, quienes nunca verán ese aumento en su nómina… porque no tienen nómina.
Entonces, lo que debería aliviar termina presionando.
Lo que debería dignificar, termina encareciendo.
Y la buena noticia se diluye entre recibos, formularios y pagos que nadie eligió.
El mensaje se distorsiona: no se siente que la gente gane más, se siente que el país cuesta más.
Este debate no es ideológico. Es de diseño. Es de coherencia. Es de país.
Otros países entendieron esta trampa y separaron dos dimensiones distintas:
- El salario mínimo como derecho social.
- Las tarifas y sanciones como cálculo técnico independiente.
Colombia empezó a recorrer ese camino, pero lo dejó a medias.
Creamos unidades como la UVT, sí, pero seguimos dejando pegadas muchas normas, muchos cobros, muchas microdecisiones que todavía respiran al ritmo del salario mínimo.
Y mientras ese amarre exista, cada aumento se sentirá como una batalla más que como un avance.
Como si defender la dignidad de los trabajadores fuera una amenaza para la economía, cuando debería ser su base moral.
Desatar el país del salario mínimo no es un capricho técnico. Es una deuda ética.
Porque la pregunta no es si el salario mínimo debe subir.
Debe hacerlo. Colombia no puede seguir normalizando que trabajar no alcance.
La pregunta verdadera es otra, más incómoda, más honesta:
¿Queremos un salario mínimo que mejore la vida de los trabajadores o un salario mínimo convertido en el botón que encarece la vida del país?
Mientras no hagamos esta separación, seguiremos atrapados en el mismo círculo: subimos el mínimo para dignificar… y lo usamos para encarecer.
El resultado es un país que camina y se pisa la sombra.
El salario mínimo debería devolver esperanza. No activar recargos
Subir el salario mínimo debería significar: más comida en la nevera, menos angustia al final del mes, una vida un poco más vivible para quienes sostienen la economía desde abajo.
Para que eso ocurra, Colombia tiene que dar un paso sencillo en su esencia y complejo en su estructura: desindexar la vida cotidiana del salario mínimo y permitir que el aumento llegue realmente a la gente, no a las tarifas.
Porque el salario mínimo no debería ser el motor que sube precios. Debería ser la puerta que abre dignidad.
Y ese, ese, es el debate de fondo que el país ya no puede aplazar.
