En las últimas horas, las autoridades libraron orden de captura contra el exrector de la Universidad Metropolitana, señor Carlos Jorge Jaller Raad quien será procesado por: enriquecimiento ilícito de particulares, delitos informáticos y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado.
Esta orden de captura es producto de las denuncias que hace cerca de 6 años presentó la Universidad en contra del señor Jaller Raad, luego de que se descubriera un desfalco cercano a los $30 mil millones de pesos a las arcas de nuestra alma mater, durante los dos años en los que el precitado individuo fungió como rector de la misma.
La administración de justicia, así mismo, ha ordenado la captura de 4 personas más, vinculadas al clan liderado por Jaller, a saber: su esposa Ivonne Acosta Acero, quien será imputada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, la señora Dorina Rosa Tapia Turizo, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, el señor Manuel Raad Berrío, persona a la que se le endilga el delito de fraude procesal y Jorge Luis Hernández Cassis quien también tendrá que responder por fraude procesal.
Tanto la Universidad, como la Fundación Acosta Bendek aportaron las evidencias del saqueo propiciado por Jaller Raad y los suyos, razón por la que nos hemos constituido como víctimas en este caso.
“El dinero ilegalmente sustraído no le pertenece a nadie distinto que a los estudiantes de la Metropolitana. Esos multimillonarios recursos debían ser exclusivamente destinados al fortalecimiento y ampliación de los programas académicos que ofrece la Universidad”, aseguró Luis Fernando Acosta Osio, Presidente del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Acosta añadió: “a pesar de la magnitud del desfalco, quiero enfatizar que las finanzas de la Universidad son robustas y no está en riesgo su futuro ni la estabilidad de nuestros estudiantes ni del talentoso equipo de profesores y funcionarios administrativos”.
Como cuerpo académico, las directivas afirmaron a través de un comunicado que reciben con serenidad la decisión adoptada por la justicia, ratificando nuestro compromiso con el esclarecimiento de la verdad. “Convocamos a los estudiantes y colaboradores para que ejerzan como veedores ciudadanos en el proceso judicial que se adelanta contra quienes abusaron ilícitamente del patrimonio que, insisto, le pertenece a nuestra comunidad. Seguiremos exigiendo que los recursos despojados regresen a la tesorería de la Universidad”, puntualizaron.
