Desarticulan red dedicada a la minería ilegal en reservas especiales

Dom, 23/08/2020 - 11:42
Los 11 capturados son señalados de explotar oro de manera ilegal en una Área de Reserva Especial del Cauca.
Créditos:
Twitter - @FiscaliaCol

Este sábado la Fiscalía General de la Nación logró desarticular una red dedicada a la extracción ilegal de oro en una Área de Reserva Especial (ARE) del municipio de Rosas, centro del departamento de Cauca, donde precisamente el año pasado se presentó un deslizamiento de tierras que dejó a su paso varias víctimas fatales.

Según informó el ente investigador, unidades del Gaula, soldados del batallón José Hilario López y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, se desplazaron hacia varias minas ubicadas en la vereda El Diviso, en donde hicieron efectiva la captura de 11 personas que estarían adelantando trabajos ilegales de minería, tipo socavón, y que serían presuntos integrantes de la mencionada red.

"De acuerdo con la denuncia de la Agencia Nacional Minera, la explotación de oro se realiza en una reserva especial en donde, debido al vertimiento de las aguas contaminadas con mercurio -utilizadas en el proceso de separación del metal-, se contaminan fuentes hídricas como las quebradas que nutren el caudal de los ríos que alimentan la bocatoma de donde se extrae agua potable para la población de Rosas", expresó la Fiscalía a través de un comunicado.

La desarticulación de esta red es un respiro para el medio ambiente, pues tal como lo indican las investigaciones, en este terreno se confirmó la explotación ilícita de yacimiento minero, con el que se practicaron trámites ilegales y de forma irregular, ya que estarían utilizando taladros neumaticos, explosivos, dragas y motores para bombear sustancias tóxicas como mercurio y cianuro.

"Durante los operativos fueron incautados: 5 taladros industriales; un generador eléctrico; 8 motores, entre ellos uno generador de aire; un soldador; sierras eléctricas; y una motobomba", confirmó la Fiscalía.

Por ahora, estas 11 personas quedaron a disposición de las autoridades judiciales, quienes les imputarían cargos como presuntos responsables por el daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimientos mineros o hidrocarburos, y explotación ilícita de yacimiento minero.

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