La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se vio obligado a salir del país el pasado 19 de agosto por amenazas en su contra.
Así mismo, señaló que se solicitaron medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad del mandatario departamental.
La CCJ resaltó que debido a su marcado liderazgo académico como rector de la Universidad de Magdalena, "Caicedo se convirtió en un destacado líder de su comunidad y defensor de derechos humanos en el Caribe colombiano, empeñado en reivindicar el derecho a la educación y garantizar a su comunidad condiciones de vida en dignidad".
También señaló que como gobernador sus políticas han estado enfocadas en dar garantías a los derechos de la ciudadanía y por eso se ha convertido "en blanco de grupos ilegales enemigos de la paz y la democracia".
Amenazas de muerte al gobernador de Magdalena
La Gobernación de Magdalena señaló que el pasado sábado 14 de agosto una fuente "altamente confiable" le informó a Carlos Caicedo sobre un presunto plan orquestado por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Al parecer, los delincuentes estarían planeando asesinar al mandatario departamental. Aparentemente la autoridad territorial emitió la información recibida al comandante de la Segunda Brigada del Ejército y a los comandantes de la Policía en el Magdalena.
Al tiempo que se conocieron las presuntas amenazas contra el gobernador del Magdalena, en Santa Marta han aparecido grafitis en los que se anuncia la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, organización heredera del paramilitarismo que opera en todo el país.
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"Su expansión se traduce en los altos niveles de violencia que causan alrededor del territorio nacional, y particularmente en el departamento del Magdalena, como consecuencia de la precaria implementación del Acuerdo de Paz", señaló la CCJ.
La denuncia sobre estos graves hechos fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por la alcaldesa distrital de Santa Marta y el Secretario del Interior de la Gobernación; este último funcionario sostuvo reuniones en Bogotá con el Director de la Unidad Nacional de Protección, el Director General de la Policía Nacional, la Directora en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Jefes de Misión de Verificación de Naciones Unidas, para solicitar garantías que permitan el retorno seguro del gobernador al país.
Se conoció también que los hechos fueron puestos en conocimiento del presidente Iván Duque, a quien se pidió ordenar el refuerzo de la protección del gobernador y de su núcleo familiar.
