La hidroeléctrica de Ituango está en la espera que la exministra de Justicia y exconsejera de Estado, Ruth Stella Correa, junto con los abogados Jaime Humberto Tobar Ordóñez y Fernando Pabón Santander, árbitros de la Cámara de Comercio de Medellín, den a conocer su veredicto final respecto a la demanda de 1.123.476.754.237 de pesos presentada por la Sociedad de Hidroituango contra Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La demanda, originada por los daños ocasionados durante la contingencia de abril de 2018, se centra en determinar si EPM incumplió las fechas de entrega de los hitos del proyecto, provocando demoras sustanciales en la ejecución de la hidroeléctrica. La crisis se desencadenó hace cinco años cuando el tercer túnel de desviación, conocido como Galería Auxiliar de Desviación (GAD), se obstruyó, forzando la necesidad de desviar el agua a través de la casa de máquinas y desplazando a los residentes cercanos.
Uno de los puntos centrales de la demanda es la responsabilidad de EPM en los retrasos debido a la construcción de la desviación del río Cauca, que Hidroituango considera costosa y riesgosa. La Sociedad Hidroeléctrica argumenta que ninguna contingencia se habría presentado si EPM no hubiera decidido ejecutar e iniciar dicha construcción. Por otro lado, EPM sostiene que al momento de firmar el contrato Boomt ya existían significativos retrasos atribuibles a Hidroituango, lo que impidió la desviación del río antes de 2013, según el plan original.
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La composición accionaria de la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango incluye el 50,7 % del Idea (Instituto para el Desarrollo de Antioquia), el 2,14 % de la Gobernación de Antioquia, EPM con el 46,3 %, y accionistas minoritarios.
Cabe destacar que este no es el primer enfrentamiento legal entre ambas partes. En abril pasado, EPM ganó una demanda contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por irregularidades en la construcción de las obras del sistema auxiliar de desviación de Hidroituango. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró nulos los actos administrativos que imponían una multa millonaria a EPM y ordenó disposiciones a favor de la empresa.
El veredicto de hoy podría tener repercusiones significativas en el panorama energético colombiano y definir el rumbo de uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes del país.
