La captura del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue ordenada por el Juzgado 28 Penal Municipal con función de garantías, la cual dicta tres días de prisión y el pago de cinco salarios mínimos mensuales debido a una presunta falta de cumplimiento a una acción de tutela. Este fallo le ordenaba reubicar a una familia que vive en una zona de alto riesgo en la ciudad.
La decisión judicial se basa en el hecho de que Quintero Calle desconoció un fallo emitido el 6 de marzo de 2023 en favor de Norelia del Socorro Quintero de Monsalve y su núcleo familiar compuesto por otras siete personas. La tutela indicaba que se les debía garantizar el derecho a una vivienda digna y, en consecuencia, a la vida. Además, estipulaba que debían ser reubicados temporalmente en una vivienda hasta que su lugar de residencia original fuera seguro. Sin embargo, según el juez, Quintero Calle no cumplió con esta determinación.
La administración tenía cinco días hábiles para llevar a cabo la reubicación y 10 días para iniciar las obras en el terreno afectado a fin de contrarrestar cualquier riesgo para la comunidad. Estos plazos no se cumplieron, lo que resultó en un incumplimiento integral del fallo de la tutela.
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Para cumplir con la decisión judicial, la administración Quintero ofreció un máximo de $550,000 de auxilio mensual a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dargrd). Sin embargo, la familia consideró esta oferta insuficiente y continuó viviendo en el predio en cuestión, lo que puso en riesgo sus vidas.
El 10 de abril de 2023, después de notificar el incumplimiento a las autoridades, el abogado Jorge Iván Ramírez, en representación de la señora Quintero Monsalve y su familia, solicitó al exmandatario que explicara su actuación en este caso. A pesar de los argumentos sobre la necesidad de pasos graduales a ejecutar en el terreno por parte de profesionales en geotecnia, hidráulica y estructura, el requerimiento era claro: reubicar a la familia afectada. Como esto no se realizó completamente, se abrió un proceso de desacato el 26 de junio de 2023.
Hasta el momento, Daniel Quintero no se ha pronunciado al respecto. Por su parte, algunos juristas manifiestan que su renuncia podría invalidar la sentencia, ya que esta solo se aplica a su rol como representante legal del municipio, un cargo al que renunció al dejar su puesto como alcalde.
