La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia denunció este miércoles la desaparición de nueve personas en la última semana en el convulso departamento de Arauca (noreste), fronterizo con Venezuela.
"Condenamos estas desapariciones y exigimos que liberen a todas las personas de inmediato", indicó la institución a través de sus redes sociales, donde detalló que entre los nueve desaparecidos hay dos mujeres y cuatro menores de edad, incluido un niño con condición autista.
Entre enero y junio de 2023, la oficina de la ONU ha recibido información sobre 74 asesinatos de civiles en un departamento donde "muchas personas" sienten "miedo y zozobra y lo que quieren es paz y respeto por sus derechos.
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En este contexto, la institución hizo un llamado a "los actores armados no estatales" a "respetar a la población civil y a quienes no participan en las hostilidades, de acuerdo con las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario y en respuesta a la apuesta de paz que han escogido".
"Sin el respeto y garantía a los derechos humanos no hay paz", agregó la oficina del Alto Comisionado de a ONU para los Derechos Humanos en Colombia.
El llamado se hace después de que se conociera este miércoles el secuestro de la sargento Ghislaine Ramírez y sus dos hijos menores por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un día antes de que arranque el cese el fuego bilateral acordado con el Gobierno.
Arauca es una de las regiones más convulsas de la región, con fuerte presencia del ELN y de disidencias de las FARC que mantienen enfrentamientos por el control del territorio.
Hostilidades con el Ejercito
Hace tan solo una semana, el pasado 27 de junio, el Ejército informó de la muerte de seis integrantes del ELN tras una operación de las fuerzas militares adelantada apenas unas horas después de que el comandante del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias "Antonio García", asegurara que la extrema derecha y las Fuerzas Militares tienen un "plan" para boicotear el cese al fuego bilateral negociado con el Gobierno.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió asegurando que no existe "un plan de la extrema derecha", sino que la operación era "en cumplimiento del deber de las fuerzas militares".
