La Procuraduría General de la Nación denuncia que se mantiene el riesgo para niños y niñas indígenas habitantes del departamento de Vichada, su mayor amenaza es la desnutrición, de esta manera, la Gobernación y la Alcaldía de Puerto Carreña, busca estrategias efectivas y prontas para otorgar la seguridad alimentaria y nutricional a este sector vulnerable.
El Ministerio Público es claro sobre su preocupación y alerta la continuidad de esta problemática que existe en este departamento fronterizo, de momento no se han dado con medidas eficaces por parte de las autoridades locales que respeten la dignidad de grupo poblacional y se evite “acudir al relleno Sanitario ‘El Merey’ para alimentarse de desperdicios”.
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De esta manera, el organismo de control se vio obligado a darle como plazo de 10 días hábiles al gobernador del Vichada, Álvaro León, y al alcalde de Puerto Carreño, Jair Beltrán, para que se pronuncien con un plan que debe ser puesto en marcha en lo que queda del 2021 y el primer semestre del 2022.
Es un panorama bastante desolador, la Procuraduría expuso que no solamente los menores recurren a la basura para alimentarse, además, tampoco cuentan con servicio de agua potable y no tienen oportunidades para educarse.
"Les solicito una gestión articulada y activa a la mayor brevedad posible con sus equipos de trabajo, a fin de propender por el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional con enfoque territorial de los niños, niñas y adolescentes, asegurar la solución de las necesidades básicas (agua potable y servicio de salud) y sobre todo, propender porque se cuente con un sistema de protección social más sensible a la infancia y a la adolescencia, que contribuya a reducir la vulnerabilidad económica y social”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
Esta denuncia se presenta un mes después de que la Procuraduría le pidiera al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura, al superintendente Nacional de Salud, y a a los gobernadores de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Vichada, Valle del Cauca, Atlántico y La Guajira, que definan estrategias para confrontar el incremento de muertes asociadas a desnutrición de niños y niñas menores de cinco años.