El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años encontrada sin vida el 29 de agosto en inmediaciones del río Frío en Cajicá, continúa generando conmoción y múltiples interrogantes. Tras 18 días de intensa búsqueda, su hallazgo estremeció al país y abrió un nuevo capítulo en las investigaciones: la posible responsabilidad del colegio donde fue vista por última vez.
La Gobernación de Cundinamarca confirmó que se abrió un proceso administrativo contra el Gimnasio Campestre Los Laureles, institución educativa a la que asistía Valeria. El gobernador Jorge Emilio Rey explicó que la investigación busca establecer si el colegio cumplió con los protocolos de seguridad exigidos por ley y si aplicó de manera correcta su plan de gestión del riesgo el día de la desaparición.
“Es un proceso que, de comprobarse ineficiencias o fallas en la aplicación del plan de gestión del riesgo, podría llegar hasta decretar el cierre del establecimiento”, advirtió el mandatario en diálogo con medios radiales.
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Actualmente, las pesquisas avanzan en dos frentes: por un lado, la Fiscalía y Medicina Legal intentan esclarecer la causa de muerte de Valeria y determinar si existió la intervención de terceros; por otro, la Gobernación analiza la actuación del colegio y su nivel de responsabilidad en la salida de la menor.
El propio gobernador Rey precisó que la continuidad del plantel dependerá en gran medida de los resultados de la primera investigación: “La suerte de la investigación principal determinará la suerte de esta investigación accesoria. Si se confirma negligencia institucional, podrían tomarse decisiones de fondo, incluida la suspensión de actividades académicas”, sostuvo.
Frente a la controversia, el Gimnasio Campestre Los Laureles emitió dos comunicados. En el primero, calificó lo sucedido como “el momento más doloroso” en su historia y expresó su solidaridad con la familia Afanador. En un segundo pronunciamiento, aseguró que la institución siempre ha contado con protocolos de seguridad y que desde el inicio de la desaparición entregó toda la información requerida por las autoridades.
“Siempre hemos tenido direccionamientos y protocolos de seguridad para proteger a nuestros estudiantes. Corresponderá a las autoridades judiciales determinar lo sucedido. Como colegio hemos puesto todo a disposición de los investigadores y no descansaremos hasta conocer la verdad de este doloroso episodio”, señaló la institución en el documento.
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Sin embargo, para el abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, el colegio sí tiene responsabilidad en los hechos. Según el jurista, el hallazgo del cuerpo no descarta la hipótesis de un rapto: “Desde el primer día hemos denunciado la responsabilidad del colegio y la posibilidad de que una tercera persona haya sustraído a la menor o facilitado su salida del plantel”, afirmó.
Mientras la familia clama justicia y la comunidad exige respuestas, el futuro del Gimnasio Campestre Los Laureles depende ahora de los resultados que arrojen las investigaciones oficiales.
