Una nueva versión sobre el secuestro del niño Lyan Hortúa, de 11 años, ha sacudido el caso: según revelaciones recientes, la familia del menor habría pagado $300 millones por su liberación, una cifra muy inferior a los $4.000 millones que inicialmente se especularon en medios nacionales.
El plagio, atribuido al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, se prolongó durante 18 días, luego de que hombres armados irrumpieran en la vivienda familiar en el corregimiento de Potrerito, en Jamundí (Valle del Cauca), y se llevaran al niño junto con la empleada del servicio. También robaron una camioneta Toyota Sahara, propiedad del padrastro del menor, administrador de Jorsuar Joyeros.
De acuerdo con información publicada por El Tiempo, los secuestradores comenzaron exigiendo $3.000 millones, pero la familia aseguró que no tenía cómo cumplir con ese monto. En un audio conocido por las autoridades, el padrastro suplicó: “Vamos a vender el carro rosado (el BMW de la mamá de Lyan) y por favor devuélvanos la camioneta Sahara para poder venderla. A nosotros nos robaron una joyería hace ocho meses. Debemos el carro y la casa es alquilada”.
La situación financiera de la familia habría obligado a vender sus vehículos de alta gama. La negociación final, gestionada por una allegada en una junta de acción comunal cerca al campamento guerrillero, permitió cerrar el acuerdo por $300 millones, suma con la que se logró la entrega del menor el 21 de mayo.
Las autoridades han descartado hasta ahora que el secuestro esté vinculado con una supuesta alianza mafiosa relacionada con José Leonardo Hortúa, alias Mascota, padre biológico de Lyan y señalado de tener nexos con Los Rastrojos. Tampoco han confirmado que se tratara de una retaliación contra Angie Vanessa Bonilla, madre del menor, a quien se le atribuyeron vínculos como supuesta testaferra de grupos ilegales.
Fuentes cercanas al caso indican que la guerrilla habría emitido tres citaciones previas al padrastro, lo que refuerza la hipótesis de que el secuestro fue una presión directa contra la familia. Además, se conoció que durante las conversaciones con los captores, estos reconocieron un "mal procedimiento" y pidieron no involucrar a la fuerza pública.
La liberación de Lyan, gestionada fuera del radar de los organismos humanitarios que intervinieron sin éxito —como la Cruz Roja, la ONU y la Arquidiócesis de Cali—, se logró tras semanas de tensión que incluso llevaron a la hospitalización de su madre por una crisis de ansiedad.
El caso sigue bajo investigación. Las autoridades buscan completar el esclarecimiento de los hechos, identificar a todos los responsables y avanzar en su judicialización.
