La Contraloría General de la República urgió este lunes, 4 de mayo, al operador del relleno sanitario Doña Juana, a la ANLA, la Superintendencia de Servicios y la UAESP, para que precisen la condición de estabilidad geotécnica en la que se encuentra este luego del evento de deslizamiento ocurrido en la noche del pasado martes 28 de abril.
Dice el organo de control que, según lo que ha podido establecer con la ANLA, el operador no reportó oportunamente información geotécnica relevante del proceso de inestabilidad en marcha, que concluyó con esta nueva emergencia.
Lea también: Periodistas 'chuzados' preguntan al gobierno porqué los espían
Le puede interesar: Colombia niega responsabilidad en "supuesto intento de invasión" a Venezuela
Para la Contraloría, esta situación debe ser abordada por la Supervisión del contrato y la ANLA, a efecto de imponer medidas que impidan que se repitan procesos de remoción en masa al interior del relleno y que, como consecuencia directa, se coloque en riesgo y exposición a la población por situaciones biosanitarias adversas y deterioro de las condiciones ambientales.
La Contraloría señaló que se requiere también un pronunciamiento del operador del relleno en relación de las causas, implicaciones y posibles riesgos derivados del deslizamiento.
El organismo de control plantea la posibilidad de adelantar una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para establecer las posibles causas y situaciones relacionadas con la actual emergencia que afronta el Relleno Sanitario Doña Juana, el más grande del país y uno de los más grandes del mundo.
La Contraloría General estima necesario evaluar el Plan de contingencias del relleno Doña Juana y, en forma preliminar, dice que éste presenta debilidades.
Considera, además, que la vida útil del relleno es un punto de especial importancia para el adecuado manejo de los residuos sólidos del Distrito Capital y para que continúe su operación de acuerdo al tiempo que le fija la licencia ambiental, hecho que ocurrirá entre los años 2022 a 2023, situación que implica que la actual Administración Distrital debe resolver este hito lo antes posible, dadas las implicaciones tarifarias, de salud pública y ambientales asociadas a las características actuales del relleno.
