La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, solicitó este miércoles a la juez tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá la detención preventiva de Sandra Ortiz, exconsejera en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por su presunta vinculación con el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La solicitud fue presentada durante una audiencia judicial que tuvo que ser suspendida por problemas técnicos en la conexión virtual, aunque la juez determinó que la diligencia continuará el próximo martes 3 de diciembre, a partir de las 8:00 a.m., en el Complejo Judicial de Paloquemao.
Pruebas en contra de Sandra Ortiz
Según la fiscal Patiño, existen pruebas materiales “contundentes” que vinculan a Ortiz con el caso, y aseguró que la exconsejera habría seguido las instrucciones de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y posterior titular del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).
En su intervención, la fiscal detalló que los hechos ocurrieron entre el 12 y el 13 de octubre de 2023 en Bogotá, cuando Sandra Ortiz, presuntamente, transportó en dos ocasiones una suma de 1.500 millones de pesos en efectivo, para un total de 3.000 millones de pesos. Este dinero, según la Fiscalía, provendría de los funcionarios de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, y estaba destinado al presidente del Senado de la República, Iván Leónidas Name.
La fiscal Patiño afirmó que el dinero obtenido de forma ilícita es el resultado de una serie de delitos cometidos contra la administración pública, incluyendo interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, por lo que el caso estaría relacionado directamente con el saqueo de la UNGRD.
De acuerdo con la fiscal, el accionar de Ortiz creó “riesgos jurídicamente desaprobados” al transportar el dinero en efectivo, lo cual agrava aún más la situación procesal de la exconsejera. Además, la Fiscalía sostiene que este acto no fue aislado, sino parte de un esquema más amplio de corrupción que involucraría a varios funcionarios del gobierno y representantes políticos.
La relación con el presidente del Senado, Iván Leónidas Name, ha generado controversia debido a su posición en el Senado y su cercanía con diversos procesos legislativos clave. Aunque el presidente del Senado no ha sido imputado formalmente, las investigaciones continúan para determinar el alcance de su posible implicación en el caso.
