La Contraloría de Bogotá estableció un hallazgo fiscal por $6.643.216.503 en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, relacionado con un contrato para la adquisición de siete máquinas extintoras destinadas a la atención de emergencias en la capital.
El resultado se conoció después de una Actuación Especial de Fiscalización en la que el organismo de control revisó la gestión de los pasivos exigibles correspondientes a las vigencias comprendidas entre 2020 y 2025.
La investigación se concentró en el Contrato 588 de 2022, suscrito para adquirir los siete vehículos. De acuerdo con documentos de la Contraloría, el negocio tuvo un valor de $13.557 millones y se realizó un pago anticipado de $6.643 millones.
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Bomberos pagó anticipadamente el 49 % del contrato
Uno de los principales cuestionamientos del organismo de control está relacionado con el desembolso del 49 % del valor contractual como pago anticipado, y no como anticipo.
Según la Contraloría, pese a que esos recursos fueron girados, las siete máquinas extintoras no fueron entregadas dentro del plazo contractual establecido.
El contrato atravesó varias suspensiones y prórrogas. Sin embargo, el ente de control concluyó que el plazo de ejecución terminó sin que se cumpliera el objeto contractual en el tiempo previsto.
La Contraloría ya había advertido en agosto de 2025 sobre un “riesgo fiscal latente” alrededor de este contrato. Para ese momento señaló que los vehículos no estaban en condiciones de ser entregados antes del vencimiento del plazo y recordó que el pago anticipado se encontraba respaldado por una póliza de cumplimiento.
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Contraloría cuestionó supervisión del contrato de Bomberos
La actuación fiscal también identificó deficiencias en la vigilancia y supervisión contractual, así como una presunta falta de aplicación oportuna de las cláusulas previstas frente al incumplimiento del contratista.
Para el organismo, estas situaciones contribuyeron a que venciera el plazo sin que se garantizara el cumplimiento del objeto del contrato.
Fernando Poveda, director de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Contraloría de Bogotá, señaló que el caso demuestra la necesidad de “fortalecer la supervisión y el control de los contratos” para proteger los recursos públicos.
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Hallazgo fiscal también tendría incidencia disciplinaria
Además de los $6.643 millones involucrados en el hallazgo fiscal, la Contraloría determinó que el caso tiene presunta incidencia disciplinaria por las deficiencias encontradas en las labores de control y vigilancia del contrato.
El hallazgo fiscal plantea posibles responsabilidades que deberán ser analizadas y determinadas dentro de los procedimientos correspondientes. Por lo tanto, el pronunciamiento de la Contraloría no constituye por sí solo una decisión definitiva de responsabilidad fiscal o disciplinaria.
El organismo de control aseguró que continuará haciendo seguimiento a los recursos públicos destinados a inversiones relacionadas con la seguridad y la atención de emergencias en Bogotá.
