Una reclusa de El Buen Pastor perdió la vida por culpa del Covid-19, cuyo contagio complicó la neumonía que presentaba desde inicios del mes de julio. Según el Inpec, este es el primer deceso que se presenta en dicha cárcel y el número 19 a nivel nacional.
La víctima era conocida como Lucía Sarmiento Luque, una mujer de 63 años, separada y con dos hijos, quien el 18 de febrero de 2015 fue capturada por la Policía Nacional por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.
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La reclusa de El Buen Pastor ingresó al centro penitenciario el 25 de marzo del mismo año y conoció su pena seis meses después al resultar culpable de sus actos. Un juez penal del circuito especializado de Bogotá atendió el caso y la condenó a 11 años y 2 meses.
En este 2020 Lucía estaba cumpliendo con su quinto año de reclusión hasta que falleció por Covid-19, siendo la primera reclusa de El Buen Pastor en presentar un deceso por el Covid-19.
En la localidad de Barrios Unidos, ubicación de la cárcel El Buen Pastor, hay 995 casos positivos y hace parte de la cuarentena por localidades que decretó la Alcaldía de Bogotá.
Dentro del centro de reclusión de mujeres de Bogotá se reportan 16 casos positivos, de los cuales cuatro están relacionados con reclusas y los otros 12 con funcionarios de la cárcel.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud las muertes de reclusos que se han presentado hasta el momento han ocurrido en La Picota y El Buen Pastor de Bogotá, Cali, Leticia, Cartagena y Villavicencio.
Tras la llegada de la emergencia sanitaria por cuenta del Covid-19 al país, se suspendió el traslado de personas privadas de la libertad (PPL) que permanecen en URIs y centros de detención transitoria hacia las distintas cárceles colombianas durante tres meses para evitar el contagio de sus internos.
Sin embargo, hace una semana, el Inpec confirmó tener listos los protocolos autorizados para recibir a los detenidos luego de cumplirse este plazo.
Según informó, existe una cifra de 1.639 casos de Covid-19 activos, entre población carcelaria y personal de custodia —además de otros 2.185 recuperados—, por lo que solamente se permitirá el ingreso de personas que ya hayan sido condenadas y a cárceles que tengan menos del 50 % de hacinamiento.
