La Procuraduría General de la Nación anunció que abrirá una investigación contra Iván Humberto Baquero Susa, presidente de la ANI, por presuntas irregularidades que se presentaron en contrataciones del Metro de Bogotá.
El contrato en cuestión se realizó con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y tiene como objetivo brindar asesoría en la construcción de la mega obra de movilidad que se adelanta en la capital del país.
Según explica el comunicado emitido por la entidad, este tipo de contrataciones se saldría de las labores que tiene la ANI bajó su jurisdicción. La investigación pretende averiguar si este contrato traería una verdadera ayuda a la construcción de esta obra.
“Es posible que el alcance del contrato analizado desborde las competencias propias de la ANI y que, en últimas, no sirvan de insumo para la toma de decisiones reales y efectivas al interior de la agencia ni mucho menos de las entidades territoriales”, se aclara en el comunicado.
Cabe aclarar que, según la información dada por la Procuraduría, este contrato no sería únicamente válido para las obras que se adelantan en Bogotá, sino que, además, pretende que la Sociedad Colombiana de Ingenieros asesore diferentes proyectos férreos que se adelantan a lo largo del territorio nacional.
Entre los proyectos que entrarían bajo el ala de esta contratación se encuentran: el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.
Además del argumento que se presenta, el cual hace alusión a que este es un contrato innecesario, la Procuraduría también estaría investigando malas prácticas en el proceso de contratación por parte de la ANI.
Según explica el comunicado, la entidad podría haber otorgado este contrato de forma directa, saltándose el debido proceso en dónde se debe otorgar la contratación en un concurso de meritocracia.
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“Tampoco se explica adecuadamente la razón por la que se pactó por concepto de administración la suma de 1.871 millones de pesos, cantidad que para el Ministerio Público resulta extraña a esta clase de contratos y que fue dejada al criterio del contratista”, añadió la entidad.
Cabe aclarar que, además del presidente de la organización, se investigarán a otras dos personas que estarían envueltas en el caso, que son: Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas.
Los implicados ahora se enfrentan a un proceso en donde, si desean, podrán dar a conocer su versión de los hechos frente al ente que, en esta ocasión, los estaría acusando.
