El viernes 14 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una importante decisión al ordenar la suspensión del trámite de la resolución propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que busca regular la organización ambiental en la Sabana de Bogotá.
Este fallo ha generado reacciones encontradas entre las autoridades locales y regionales, especialmente en Bogotá y Cundinamarca, que habían expresado su desacuerdo con la resolución debido a los potenciales impactos en el desarrollo urbanístico de la región.
El origen de la controversia
La resolución en cuestión fue impulsada durante la gestión de la exministra Susana Muhamad, quien defendió el proyecto argumentando la necesidad urgente de abordar la crisis hídrica en la región.
Según el Ministerio de Ambiente, la medida busca recuperar ecosistemas estratégicos y prevenir el agotamiento de las fuentes de agua. Sin embargo, la falta de consenso y la ausencia de una socialización adecuada con las autoridades locales y regionales, como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, provocaron un rechazo generalizado.
Ambos líderes políticos advirtieron sobre los efectos adversos que la resolución podría tener en proyectos clave de urbanización, viviendas, y actividades económicas, señalando que la medida podría poner en riesgo el crecimiento ordenado de la región y afectar los intereses de los habitantes de los 40 municipios de la Sabana de Bogotá y su área metropolitana.
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
La solicitud de suspensión del proceso fue presentada por la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB), que también mostró preocupación por el impacto del proyecto de resolución en la infraestructura hídrica de la capital.
La magistrada Nelly Villamizar, encargada del caso, determinó que el Ministerio de Ambiente deberá reiniciar el procedimiento para permitir la participación activa de las autoridades y entidades clave como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, que no tuvieron oportunidad de intervenir de manera efectiva en el proceso.
La medida cautelar ordenada por el Tribunal también establece que los documentos técnicos del proyecto sean revisados nuevamente para garantizar que las decisiones tomadas no afecten negativamente el desarrollo sostenible de la región.
Reacciones políticas
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró la decisión del Tribunal, subrayando la importancia de una gestión ambiental que se base en un diálogo inclusivo y en la participación de las autoridades locales y la ciudadanía.
Galán destacó la necesidad de establecer lineamientos que respeten el equilibrio entre el crecimiento urbano y la protección del medio ambiente, criticando el proceso por no haber seguido los procedimientos legales y constitucionales adecuados.
Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también expresó su apoyo a la suspensión, reiterando que la resolución no solo afectaría el desarrollo urbano, sino que pondría en peligro importantes proyectos de vivienda y de infraestructura vial.
El contenido de la resolución polémica
El proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente, publicado el 28 de febrero de 2025, se articula en torno a cuatro grandes ejes que buscan proteger los ecosistemas y abordar la crisis hídrica en la región. Los puntos clave incluyen:
- Áreas de Importancia Ecológica Especial: Esta sección busca la conservación de ecosistemas estratégicos como bosques andinos, humedales y áreas de recarga de acuíferos.
- Áreas rurales: Promueve prácticas agrícolas y forestales sostenibles, protegiendo los recursos naturales y evitando cambios no planificados en el uso del suelo.
- Biodiversidad urbana: La resolución propone la integración de infraestructura verde en el diseño urbano, favoreciendo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las ciudades.
- Áreas mineras: Regula las actividades mineras para proteger fuentes de agua, bosques y humedales, e impulsa la restauración ambiental post-explotación.
Estos puntos han sido polémicos principalmente por su potencial impacto en el desarrollo urbanístico de la región, especialmente en lo que respecta a la construcción de viviendas y la expansión de áreas urbanas en Bogotá y sus alrededores.
La defensa de la exministra Susana Muhamad
La exministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, defendió el proyecto señalando la gravedad de la crisis hídrica que enfrenta la región. Según Muhamad, ocho de las nueve cuencas de la Sabana de Bogotá están en riesgo de agotamiento, lo que ha generado un racionamiento de agua en Bogotá desde hace más de un año. Para ella, la resolución es una respuesta urgente ante la falta de medidas efectivas para garantizar el suministro de agua en el futuro cercano.
La decisión del Tribunal de suspender la resolución plantea un escenario de incertidumbre para el futuro del ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Mientras el Ministerio de Ambiente deberá reiniciar el proceso y garantizar una mayor participación de las entidades locales, los efectos de esta medida siguen siendo un tema central de discusión entre las autoridades y la sociedad civil.
Sin lugar a dudas, la resolución del Tribunal representa un giro importante en la polémica sobre el balance entre el desarrollo urbano y la sostenibilidad ambiental en una de las regiones más cruciales de Colombia.
