La Procuraduría General suspendió por tres meses al docente de la Universidad Distrital Carlos Antonio Julio Arrieta, por las denuncias de acoso sexual presentadas por un grupo de estudiantes. El ente de control también abrió investigación disciplinaria por estos hechos.
Julio Arrieta, profesor de la facultad de Ciencias y Educación, ha sido señalado por "acoso, discriminación, intolerancia y maltrato a estudiantes y miembros de la comunidad universitaria", explica el Ministerio Público.
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De acuerdo con la Procuraduría, el docente presuntamente "hizo comentarios injustos o discriminatorios por raza, género, clase social y posición política, e intimidó o ridiculizó a los alumnos nuevos para que cancelaran la materia, a través de WhatsApp".
Además, al menos 100 estudiantes de la Universidad Distrital señalaron a Julio Arrieta de acoso sexual. Por estas denuncias, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió una investigación.
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De acuerdo con la decisión de la Procuraduría, “según los reportes, los hechos de presunto acoso sexual denunciados al parecer se vienen presentando desde hace varios años y fueron puestos en conocimiento del Consejo Superior de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital de Bogotá desde marzo de 2017”.
Asimismo, el ente de control recalcó que “se deben adelantar investigaciones integrales, céleres y eficientes que garanticen los derechos de las víctimas, en cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad y dispuestos en los mandatos constitucionales”.
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Según el portal web, DeJusticia, Julio Arrieta ha sido señalado de acosar sexualmente a estudiantes con mensajes enviados por WhatsApp a altas horas de la noche, y precisa que al parecer hubo una falla de la Universidad Distrital al no investigar las conductas del docente.
"Las denuncias en su contra son especialmente preocupantes al ser múltiples. Además, se centran en contra de una persona que ejerce una posición de poder frente a las denunciantes y el resto de la comunidad estudiantil. Asimismo, esta vulneración del derecho a vivir una vida libre de violencias tiene serias repercusiones frente a otros derechos fundamentales", dice DeJusticia.
