El anuncio de una zona económica binacional entre Colombia y Venezuela, presentado el pasado 23 de julio por el presidente Nicolás Maduro junto con el gobierno de Gustavo Petro, encendió la polémica en la política nacional. El proyecto busca integrar comercial y socialmente a los estados venezolanos de Táchira y Zulia con los departamentos colombianos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira, bajo la premisa de construir una “zona de paz” y fortalecer el intercambio fronterizo.
Sin embargo, la propuesta generó un inmediato rechazo por parte de líderes de oposición en Colombia. Entre las voces más críticas se destacó la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien cuestionó duramente la iniciativa y señaló que el Gobierno colombiano estaría “negociando una zona binacional con el corrupto Maduro”.
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No obstante, la propuesta desató una fuerte reacción en la oposición. Entre los más duros críticos se encuentra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien manifestó su desacuerdo a través de un video divulgado en sus redes sociales. Allí sostuvo que este plan representa “el avance en la creación de una Cuba grande” y cuestionó que el actual gobierno colombiano, “que poco ha hecho por esos departamentos, ahora busque entregárselos a la tiranía de Maduro”.
Uribe argumentó que el régimen venezolano ha demostrado ser nocivo para su propia población y economía. Según sus palabras, “destruyó la empresa privada, ha expulsado a millones de venezolanos y duplicado la pobreza”. Además, recordó que en el pasado Caracas debilitó instancias de integración como la Comunidad Andina y afectó tratados con países como México y Colombia, lo que para él evidencia una falta de compromiso con el desarrollo regional.
El exmandatario fue más allá al advertir que este acuerdo carece de fundamentos institucionales sólidos. “Está diseñado para no tener instituciones, ni reglas claras, ni justicia, ni salidas viables; como ocurre con el comunismo impuesto por Maduro”, señaló. En su visión, concretar un pacto de este tipo equivaldría a “ceder tres departamentos” a un modelo que no respeta el orden jurídico ni democrático.
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Sus declaraciones se suman a un debate más amplio sobre las implicaciones de este tipo de alianzas. Expertos en temas fronterizos reconocen que las zonas económicas compartidas pueden dinamizar regiones olvidadas, pero advierten que también pueden convertirse en un espacio propicio para el crimen organizado y el contrabando si no se establecen controles estrictos.
