La elección del próximo contralor general de la República ya está en marcha. Aunque la decisión final la toma el Congreso en pleno, el nombre no sale de una negociación de última hora ni de una simple votación política. Antes debe surtirse una convocatoria pública con varias etapas de verificación, evaluación y audiencia, en un proceso que este año arrancó con el cierre de inscripciones de una convocatoria que reunió cerca de 230 aspirantes.
Primero viene el filtro documental
La regla general está en la Ley 1904 de 2018, que ordena que la elección se haga a partir de una lista de elegibles construida bajo criterios de mérito, publicidad, transparencia y participación ciudadana. Para el periodo 2026-2030, la Mesa Directiva del Congreso abrió formalmente la convocatoria mediante la Resolución 004 de 2026 y luego ajustó parte del procedimiento y del cronograma con la Resolución 005 del 6 de marzo de 2026.
Con el cierre de inscripciones el 18 de marzo, el proceso entró en una etapa menos visible, pero decisiva. Entre el 19 y el 20 de marzo debía hacerse la suscripción de actas y la custodia de la documentación radicada. Después vendrá la revisión de hojas de vida y soportes por parte de las comisiones de acreditación documental de Senado y Cámara, que verificarán si cada inscrito cumple los requisitos constitucionales y legales para aspirar al cargo. Esa fase está prevista entre el 24 de marzo y el 7 de abril, fecha en la que deberá publicarse la primera lista de admitidos.
¿Quiénes sí pueden aspirar al cargo?
No cualquier inscrito se convierte en candidato real. Para ser elegido contralor se exige ser colombiano de nacimiento, estar en ejercicio de la ciudadanía, tener más de 35 años, contar con título universitario en áreas jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables, y acreditar al menos cinco años de experiencia profesional o de docencia universitaria. También operan inhabilidades: por ejemplo, no puede ser elegido quien haya sido miembro del Congreso o gestor fiscal del orden nacional en el año anterior, ni quien haya sido condenado a prisión por delitos comunes.
Eso significa que el número de inscritos no equivale al número de aspirantes que seguirán en competencia. En esta etapa pueden quedar por fuera quienes no acrediten bien sus estudios o experiencia, presenten documentos incompletos o estén cobijados por alguna causal de exclusión prevista en la convocatoria.
Después viene la prueba de mérito
Superada la revisión documental, los admitidos deberán presentar una prueba de conocimientos, programada para el 18 de abril. Ese examen es eliminatorio y evaluará, entre otros temas, gerencia pública, control fiscal, funcionamiento de la Contraloría y relaciones entre el ente de control y la administración pública. Luego vendrá la valoración de estudios, experiencia y publicaciones acreditadas por quienes hayan aprobado esa prueba.
La ley dispone que, tras esa evaluación, queden habilitadas al menos 20 personas para continuar en el proceso. A partir de ahí entra en juego una comisión accidental del Congreso, que escuchará a los habilitados en audiencia pública y escogerá a los 10 elegibles que serán presentados al Congreso en pleno. Según el cronograma vigente, esa lista debe quedar elaborada el 19 de mayo y publicarse el 20 de mayo.
La última palabra la tiene el Congreso
Solo después de ese recorrido empieza la fase final. Las plenarias de Cámara y Senado escucharán por separado a quienes integren la lista de elegibles, en sesiones previstas para el 27 y 28 de julio. Luego, las mesas directivas deberán convocar al Congreso en pleno, que será el encargado de votar y escoger al nuevo contralor por mayoría absoluta. Si ningún aspirante alcanza ese umbral en la primera votación, la ley ordena una segunda ronda entre los dos más votados. La elección está programada para el 12 de agosto de 2026.
En otras palabras, la elección del contralor no arranca el día de la votación, sino mucho antes. Y en el proceso actual, que comenzó con cientos de inscritos, la verdadera depuración apenas empieza: primero vendrá la lista de admitidos, luego el filtro por mérito y, solo al final, la decisión política del Congreso.
