El uso de drones en acciones violentas registra un fuerte incremento en Colombia. Entre enero y mayo de 2026 fueron contabilizados 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados, frente a los 49 registrados durante el mismo periodo de 2025.
La cifra representa un aumento del 146 % y dejó 21 personas fallecidas y 145 heridas, según la radiografía de derechos humanos presentada por la Defensoría del Pueblo.
El informe advierte que esta modalidad se ha convertido en una de las nuevas expresiones de violencia en las zonas afectadas por el conflicto armado.
Drones, una nueva amenaza en el conflicto
La entidad advierte que los hechos afectan tanto a integrantes de la Fuerza Pública como a población civil y considera necesario mantener una estricta aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
El incremento también refleja una transformación tecnológica de las acciones de los grupos armados, que han incorporado sistemas aéreos no tripulados dentro de sus métodos de ataque.
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Alertas en 396 municipios
Actualmente están vigentes 120 Alertas Tempranas territoriales, que comprenden 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos.
Dentro de este panorama, la entidad identifica presencia permanente del ELN en 145 municipios y presencia intermitente en otros 115.
Desplazamiento y reclutamiento de menores
La violencia armada también ha generado desplazamientos masivos. Entre 2017 y lo corrido de 2026 se registraron 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 394.839 personas.
El reclutamiento de menores también permanece entre las principales preocupaciones. La Defensoría reportó 682 casos en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026.
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Masacres y afectaciones a los derechos humanos
La radiografía registra además 651 masacres entre 2019 y el 18 de julio de 2026, con un saldo de 2.380 víctimas, de acuerdo con los datos recopilados por la Defensoría a partir de información de Indepaz.
La entidad plantea que estas cifras permiten identificar las principales brechas en la protección de los derechos humanos y orientar las decisiones de las autoridades nacionales y territoriales.
