Contraloría advierte aumento de la deuda en cierre del Gobierno Petro

De acuerdo con la entidad, el Estado colombiano comprometió el 76 % de su cupo de endeudamiento.
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La Contraloría General de la República encendió nuevas alertas sobre el manejo de la deuda pública y las presiones fiscales que enfrenta el país en el cierre del Gobierno de Gustavo Petro. El organismo advirtió que el mayor costo del endeudamiento, sumado a las necesidades de financiación del Estado, puede comprometer la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación en los próximos años.

 La advertencia llega en medio del último tramo de la administración Petro y cuando el próximo gobierno deberá recibir unas finanzas públicas marcadas por mayores compromisos de pago.

Más deuda y mayores costos de financiación

En una entrevista con Blu Radio, Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y las Finanzas del Estado, explicó que el presupuesto para este año se fijó en 555 billones de pesos, de los cuales solo se han recaudado 252 billones. Según la funcionaria, aún se requiere recaudar el 54,5% del dinero faltante para garantizar el presupuesto. 

Además, Lindo afirmó que en el mes de mayo la entidad encontró que el Estado solo contaba con 16 billones de pesos, lo que se considera una cifra insuficiente para mantener el funcionamiento del Estado. De acuerdo con la funcionaria, se requieren entre 25 y 30 billones mensuales para que el Estado funcione con normalidad. 

Además, uno de los temas que más preocupa es el incremento en el ritmo de colocación de deuda. Durante los primeros seis meses de 2026, el Estado colombiano comprometió el 76 % de su cupo de endeudamiento, equivalente a 64 billones de pesos

La deuda prende nuevas alertas fiscales

Al comparar esta cifra con el mismo periodo de 2025, cuando el compromiso fue de 47 billones de pesos, la Contraloría advierte una tendencia que prende alertas sobre la sostenibilidad fiscal del país. Para el organismo, el aumento en las necesidades de financiación reduce el margen de maniobra del Estado y podría dejar al próximo gobierno con mayores restricciones para atender inversión, funcionamiento y pago de obligaciones.

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