La Contraloría General de la República encendió las alarmas por el tamaño de la cartera morosa que tienen las entidades públicas por cobrar.
Un análisis de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, estableció que, con corte al 31 de mayo de 2026, la cartera vigente registrada en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) asciende a $165,64 billones.
La cifra corresponde a 996.611 personas naturales y jurídicas que tienen obligaciones pendientes con entidades públicas. Se trata de deudas superiores a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y con una mora superior a seis meses.
La alerta no significa que las entidades públicas deban ese dinero. Por el contrario, son recursos que particulares y empresas les deben a entidades del Estado y que están pendientes de cobro, recuperación o depuración.
Cinco entidades concentran las mayores deudas
Las 20 entidades con los mayores saldos reúnen aproximadamente $135,8 billones, equivalentes al 82 % del total registrado.
Entre las cinco entidades con las mayores acreencias aparecen:
1. Consejo Superior de la Judicatura: $49,7 billones.
2. DIAN: $37,4 billones.
3. Central de Inversiones S.A. (CISA): $12,5 billones.
4. Bogotá D.C.: $7,6 billones.
5. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: $6,5 billones.
Las razones de las deudas son diferentes. En el caso del Consejo Superior de la Judicatura aparecen, entre otros conceptos, multas judiciales, costas procesales, aranceles, derechos por servicios judiciales y honorarios.
En la DIAN, la cartera está relacionada con obligaciones como IVA, impuesto de renta, obligaciones aduaneras, sanciones e intereses.
$65 billones llevan más de cinco años sin recuperarse
Otro de los puntos que preocupa a la Contraloría es la antigüedad de las obligaciones.
El análisis estableció que aproximadamente $65 billones corresponden a deudas con cinco años o más de antigüedad.
Para el organismo de control, este segmento requiere especial seguimiento debido a los riesgos de prescripción, baja recuperabilidad, pérdida de oportunidad de recaudo y deficiencias en la gestión de cobro.
En contraste, unos $100,64 billones corresponden a obligaciones con menos de cinco años, por lo que podrían tener un mayor potencial de recuperación si las entidades actúan de manera oportuna.
Morosos recibieron pagos y contratos del Estado
El análisis también cruzó la información del BDME con otras bases oficiales, entre ellas SIIF Nación, SECOP, eKOGUI, registros de delitos contra la administración pública y bases de la DIAN.
Uno de los resultados más llamativos se encontró en el SIIF Nación. Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, la Contraloría identificó 13.282 personas naturales y jurídicas registradas como deudoras morosas que recibieron pagos con recursos públicos por aproximadamente $124,9 billones.
Al mismo tiempo, esos deudores tenían obligaciones pendientes con el Estado por cerca de $20,9 billones.
El cruce con SECOP también dejó una cifra relevante: 20.238 personas y organizaciones registradas como morosas celebraron contratos con entidades públicas por aproximadamente $16,3 billones, mientras acumulaban deudas cercanas a $11,8 billones.
Esto es posible porque figurar en el Boletín de Deudores Morosos del Estado no genera, por sí solo, una inhabilidad para contratar.
La Contraloría plantea que estos casos deben ser revisados por las autoridades competentes para determinar si se cumplieron las normas aplicables.
El llamado al gobierno entrante
La Contraloría plantea que estos resultados deben convertirse en una hoja de ruta para el próximo gobierno y para la nueva administración del organismo de control.
La propuesta contempla siete frentes de trabajo: verificar que las entidades reporten correctamente su cartera, concentrar el seguimiento en los mayores acreedores, revisar las obligaciones con más de cinco años, auditar los retiros de deuda y cruzar la información con otras bases oficiales.
También se propone establecer lineamientos claros y estandarizados para que las entidades sepan cómo reportar, actualizar y hacer seguimiento a estas obligaciones.
Finalmente, la Contraloría plantea una mayor articulación con la Contaduría General de la Nación para mejorar la calidad y trazabilidad de la información.
