Colombia en bancarrota. Era lo último que faltaba. La calificación crediticia de Colombia cayó a categoría “basura”. Colombia perdió el grado de inversión. Las calificadoras de riesgos JP Morgan y Morgan Stanley califican la categoría crediticia de Colombia como categoría “basura”. Las consecuencias son imprevisibles para todos. El crédito público y privado para nuestro país, será menor y con tasas de interés mucho más altas. El dólar se encarece, cuando un país pierde su grado de inversión. Los fondos de pensiones tendrán pérdidas billonarias. Colombia ingresa al deshonroso grupo de los países del mundo que peor manejo le dan a la economía.
Es una vergüenza que el Ministerio de Hacienda haya dejado hundir las finanzas nacionales a una situación tan humillante y caótica. “Colombia cerró 2020 con una deuda pública superior a 61% del total de su economía”.
Tan difícil momento no puede servir para destruir la patria. La expresión más bella de la democracia es la protesta. Protesta es contrario a barbarie. Algunos aprovechan las protestas ciudadanas para arrasar con fiereza con la nación. Si se derrumba el país, nos quedamos sin patria. Por encima de todas las diferencias está la patria. Si se destruye a Colombia, no hay patria por la cual luchar.
La gente expresa con sinceridad su malestar social. El líder tiene la obligación de transformar el malestar popular en propuestas y las propuestas en acción. Un líder no se puede limitar a repetir como un loro los dolores de la gente. Los líderes no están para llorar sino para proponer.
Tres sencillas propuestas para no dejar que Colombia caiga en la bancarrota.
Primera. Hay que derogar y recuperar las exenciones tributarias que el gobierno le regaló o entregó a los grandes capitales en la reforma tributaria de 2018. Según el excelente informe de la Contraloría General de la República, (marzo de 2021), el gobierno, en 2018, eximió de impuestos al sector bancario por $2.8 billones cada año; al gran sector Industrial le dio exenciones por $1.2 billones; y al gran sector del comercio en $1 billón. Esto significa que el costo fiscal de las exenciones de 2019 en solo tres sectores fue de $5 billones anuales; y cada año aumentan. Entre 2018 y 2019, las exenciones crecieron un 76% (CGN, 2021). En diez años, se quedan con más de $50 billones. El País no aguanta el costo fiscal con el que tiene que cargar al dar tantas exenciones a los más poderosos. En lugar de esa nefasta reforma tributaria que buscaba encoger más a la clase media, se debieron quitar estas exenciones a los más poderosos y así, se hubiese evitado la tragedia humana y de institucionalidad que vive Colombia. Pareciera que en el Ministerio de Hacienda son los grandes capitales los que dictan los proyectos de reforma tributaria. El gobierno debería presentar un proyecto de ley de una página, simple, que derogue esas exenciones tributarias a los grandes capitales.
Existe una sospechosa relación entre los grandes capitales y los gobiernos de Colombia. Esa sospechosa relación entre los grandes capitales y la democracia es miseria moral y política miserable. Detrás de la inequidad y la pobreza se esconde un lobo insaciable: el gobierno de los grandes capitales que imponen sus propias reglas al gobierno, sin que nadie defienda al ciudadano. Jugamos un partido desigual en el cual el árbitro es el que más goles hace.
Segunda. Que la calificación crediticia de Colombia caiga a categoría BASURA y que Colombia pierda el grado de Inversión, es un señalamiento al gobierno nacional de tener exorbitantes gastos ostentosos y de funcionamiento. Guardar silencio en favor del derroche, es seguir llamando a la protesta. El Gobierno tiene la obligación inmediata de tomar medidas severas en reducción del estado y del gasto público.
Sugiero con respeto, que el Presidente ordene reducir con severidad los gastos del estado de burocracia y funcionamiento en al menos $3 billones para que ahorre en 10 años $30 billones. Y saque a Colombia del deshonroso grupo de países con categoría crediticia BASURA.
“El Gobierno Nacional es derrochón”, decía el Ex Presidente Alvaro Uribe del Gobierno de Santos. Y hasta hoy, el gobierno nacional actual no ha hecho ningún proyecto de austeridad. Por lo tanto, seguimos con un gobierno central derrochón que desangra las finanzas y las regiones de Colombia.
Y Tercera. En las calles y en las marchas, la gente expresa con furia y odio, los altos costos del Congreso de la República. Cada congresista, le cuesta a Colombia $2.500 millones anuales según cálculos de Tomás Uribe. De un tajo, se debería recortar el costo de cada congresista, a la mitad, a un promedio máximo de $1.250 millones año, que es recortar en esencia el Congreso, conservando la presencia de las regiones pero sin derroches. Así, el país ahorraría $4 billones en 10 años.
Ahora que Colombia perdió el Grado de Inversión, es hora de cambiar con carácter. Con estas tres propuestas elementales, el país recogería más de $85 billones en 10 años. Y si se quiere acabar la inconformidad nacional, se debe terminar esa sospechosa relación entre los grandes capitales y el gobierno. Y hacer un plan ejemplar de austeridad. Los excesos de la burocracia son un mal peor que la Corrupción. Son corrupción legal e institucionalizada.
Un gobierno nacional en su período solo debería tener permitido presentar una reforma tributaria. Todo gobierno que pueda abusar de los impuestos, se vuelve derrochón y hasta corrupto. La inseguridad jurídica y económica solo crea caos.
No es que nuestra riqueza sea poca. Los que si son pocos son los que la acaparan. Ese es el significado de la palabra oligarquía. Pocos con casi todo. Corregimos o perecemos
