Las finanzas públicas de Colombia enfrentan un momento crítico. Así lo advirtió el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, quien señaló que el país atraviesa una de las situaciones fiscales más complejas de los últimos años, marcada por altos niveles de inflación, endeudamiento y déficit fiscal.
Según las cifras presentadas, la inflación se ubicó en 5,56%, mientras que la tasa de interés alcanzó el 11,25%. A esto se suma un déficit fiscal del 6,4% del PIB y una deuda pública del 57,2% del producto interno bruto, lo que reduce el margen de acción del Estado.
Presiones internas y externas sobre la economía
El funcionario explicó que este panorama responde a múltiples factores, entre ellos el encarecimiento del crédito, el aumento de los costos de la energía y las presiones inflacionarias en alimentos y servicios.
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En ese contexto, advirtió que cada decisión de política pública impacta directamente el bienestar de los ciudadanos, por lo que insistió en la necesidad de proteger la sostenibilidad fiscal.
Uno de los puntos más preocupantes es el comportamiento de los ingresos. En 2025, el recaudo fue de $271,9 billones, muy por debajo de la meta de $304,8 billones, lo que dejó un faltante de $32,9 billones. Este resultado evidencia fallas en la planeación y en los supuestos macroeconómicos.
Aunque el presupuesto fue ampliamente comprometido, la ejecución de la inversión alcanzó solo el 64%, mientras que el gasto en funcionamiento y el servicio de la deuda superaron lo previsto, afectando el crecimiento económico.
Para 2026, el rezago es más evidente. En el primer trimestre, la ejecución de inversión apenas llega al 11,3%, pese a que más del 50% de los recursos ya están comprometidos.
Endeudamiento creciente y costos más altos
El informe también alerta sobre el incremento del endeudamiento y su impacto. Las tasas de los títulos de deuda superan el 13% en el corto plazo y el 14% en el largo plazo, elevando los costos de financiamiento.
En 2025, el servicio de la deuda alcanzó los $105 billones, equivalente al 23% del gasto total, frente a los $83 billones del año anterior. Además, el crédito representó el 27% de los ingresos, lo que refleja una mayor dependencia del endeudamiento.
En materia de contratación, el contralor señaló que el 68% de los contratos de inversión se realizaron por contratación directa, mientras que solo el 6,5% se adjudicó mediante licitación pública.
Entre agosto de 2022 y marzo de 2026 se firmaron más de 118.000 contratos por prestación de servicios por cerca de $8 billones, lo que representa un aumento del 32,6% frente al periodo anterior.
El endeudamiento territorial también creció: los departamentos aumentaron su deuda en 14,4% y las ciudades capitales en 28,9%, con Bogotá concentrando el mayor nivel.
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Frente a este escenario, el contralor planteó la necesidad de una reforma estructural que permita corregir los desequilibrios fiscales. Entre las medidas propuestas están fortalecer los ingresos tributarios, mejorar la calidad del gasto y reconocer pasivos acumulados.
Asimismo, hizo énfasis en la coordinación entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, resaltando la importancia de mantener coherencia en la política económica sin comprometer la autonomía institucional.
