La Contraloría General de la República abrió una investigación en contra de seis integrantes de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo por el incumplimiento en una obra firmada en el 2017 por una suma de $24.315 millones.
Esta obra tendría como objetivo ayudar a las familias de la avalancha que afectó la ciudad de Mocoa, capital del departamento del Putumayo, en el mes de marzo del 2017. Esta catástrofe natural acabó con la vida de 330 personas y dejó cerca de 400 heridos.
Para reconstruir las viviendas afectadas por el gran deslizamiento, se proporcionaron desde el gobierno nacional una cantidad de casi 25 mil millones de pesos para la reconstrucción de las viviendas.
No obstante, desde la Contraloría General de la República, se descubrió que no se entregaron de manera oportuna las viviendas de la fase del proyecto llamado Sauces II, al cual se mudarían víctimas del desastre.
En este proyecto, al ser terminado, se esperaba que proporcionara cerca de 900 viviendas nuevas para los damnificados de la avalancha. Cabe resaltar que, desde la entidad, ya se giraron 18 mil millones y aún no se ven reflejados.
Por otro lado, la entidad encargada de investigar las irregularidades fiscales a lo largo de todo el país, descubrió que se habría generado un sobrecosto de cerca de 6 mil millones de pesos por la prolongación de los pagos de los subsidios.
Según la Contraloría, los personajes implicados en esta investigación sería los siguientes directores de la UNGRD: Eduardo José González, Javier Pava Sánchez, Olmedo López Martínez, Fernando Carvajal Calderón, Gerardo Jaramillo Montenegro y el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Dentro de estos nombres destaca el de Olmedo López, quien fue director de la unidad durante el gobierno de Gustavo Petro, pero que se vio obligado a renunciar por una gran polémica en su administración.
López, mientras dirigía esta entidad, fue el encargado de firmar los contratos para la compra de los 40 carrotanques que llegaron al departamento de la Guajira y por falta de conductores.
Este caso, aunque ya se inició el uso de 10 de estos camiones, desató una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra del entonces director de la Unidad Nacional de gestión de Riesgo, Olmedo López.
