Siete venezolanos expulsados de Colombia, tras ser acusados de participar en disturbios en medio de protestas antigubernamentales, tienen derecho al debido proceso, según un fallo de la Corte Constitucional que le pone un "tatequieto" a esta práctica de las autoridades migratorias colombianas.
En noviembre de 2019, 59 venezolanos fueron expulsados por Migración Colombia, departamento a cargo de la gestión fronteriza, luego de que se les acusara de protagonizar actos vandálicos durante las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque.
Después de ser detenidos en las calles de Bogotá e, incluso, dentro de sus propias residencias según sus abogadas, fueron trasladados a una sede de la policía, denominada Centro de Traslado por Protección, en Puente Aranda, sur de la capital colombiana.
Desde allí, estas personas quedaron a merced de Migración Colombia, que se encargó de gestionar su expulsión del territorio nacional, aunque no de cualquier manera: los venezolanos tuvieron que abordar un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, que los llevó hasta el departamento amazónico del Vichada y tras aterrizar, fueron llevados en lanchas por el río Orinoco y dejados allí, para que regresaran a sus ciudades de origen por sus propios medios.
"Hubo personas que se tomaron hasta cinco días para regresar a sus ciudades de origen. Sin dinero, en shorts, con la ropa que tenían encima. Tuvieron que pedir ayuda para llegar al centro o norte del país, de donde venían", recordó a la Agencia Sputnik la directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, Cristina Dib.
Antes de que llegaran a ese punto, donde los venezolanos "ni siquiera sabían dónde estaban", siete de ellos alcanzaron a interponer una tutela en Colombia, con el acompañamiento de la oficina liderada por Dib.
Una acción desproporcionada
Fue por el recurso judicial de aquellos migrantes, que la Corte Constitucional se pronunció por primera vez respecto a las expulsiones colectivas de migrantes. De acuerdo con el texto del tribunal, Migración Colombia "realizó una actuación desproporcionada, al materializarla en medio del río Orinoco".
Además de ello, señaló que esa entidad, junto con la Policía, "vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes".
El motivo de llevar a los venezolanos a este punto de complicado acceso era para "que se les hiciera más difícil volver", recordó Dib sobre las declaraciones que hizo en su momento, en rueda de prensa, el entonces director de Migración Colombia, Christian Kruger.
"Lo que no vamos a tolerar es que un grupo de desadaptados venga a afectar la seguridad de nuestras ciudades, generando, de paso, brotes de xenofobia con estas acciones, ya que dañan el nombre de aquellos venezolanos que vienen trabajando por un mejor país", afirmó en aquel momento el funcionario.
Para Dib, las entidades no presentaron pruebas que vincularan a los expulsados con vandalismo, aunque, incluso si las hubiera, "también tenían derecho al debido proceso".
La Corte Constitucional ordenó amparar el derecho al debido proceso de los ciudadanos venezolanos Kendry David Itzzy Materán, Deivi Wickman Pérez, José Gregorio Sayago, Carlos Daniel Ramírez Moreno, Yorbin Rafael Hidalgo Molleja, Heyerson David Herrera Viloria y Maikel Enmanuel Graterol Araújo.
Igualmente, pidió a Migración Colombia reiniciar el proceso sancionatorio contra los afectados, de manera individualizada y teniendo en cuenta su situación personal y familiar.
En caso de no encontrar motivos para justificar las expulsiones, la entidad deberá "declarar la nulidad de los procesos sancionatorios" y pedir perdón públicamente junto con la policía por estos hechos.
Además, le ordenó la publicación de un manual con derechos y deberes de los migrantes venezolanos en el país.
Colombia es el principal receptor de venezolanos en el extranjero, con casi dos millones de ellos en su territorio, y adelanta un proceso de regularización masiva de los mismos. Ambos países comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros.
