Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo son los dos integrantes que estuvieron con la Primera Línea en las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que fueron liberados por el Inpec, luego de ser detenidos por la Policía, en los enfrentamientos entre la población civil y la fuerza pública.
Esta liberación se da en el marco de la estrategia de Paz Total definida por el Gobierno Nacional, con el fin de que los actores del conflicto en todos los frentes puedan aportar su granito de arena para dar continuidad al proyecto propuesto por Gustavo Petro, donde los integrantes de Primera Línea son prioridad.
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Por eso, estas dos liberaciones serán el inicio de lo que se convertirá en los ‘gestores de paz’, siendo un plan para que aquellas personas que quieren construir país y que lo realizaron desde el bando de los disturbios, puedan aportar desde el diálogo para que se dé la Paz Total que quiere el Gobierno de Petro.
Los integrantes liberados estaban ubicados en la cárcel de Palogordo en Girón, Santander, donde a Santiago Márquez Charris lo tenían detenido por el delito de concierto para delinquir, instigación con fines terroristas y tenencia de objetos o sustancias peligrosas, entre otros, por lo que se tuvo que gestionar la suspensión de la medida de aseguramiento.
¿En qué consiste el proyecto de amnistía a la Primera Línea?
Fue a través de una iniciativa de autoría de varios congresistas del Pacto Histórico como Gustavo Bolívar, María José Pizarro o Robert Daza, liderado en este momento en la Cámara por los representantes Alfredo Mondragón, Alirio Uribe, José Andrés Cancimance, José Alberto Tejada y Leyla Trujillo.
Básicamente lo que este proyecto de ley busca es regular las amnistías e indultos para personas señaladas, procesadas o condenadas de cometer delitos exclusivamente en el marco de las protestas sociales de 2019, 2020 y 2021. Esto específicamente para aquellos delitos que puedan considerarse políticos y conexos con estos.
En este proyecto hay más luces de lo que serían las limitaciones al indulto o la amnistía para la Primera Línea, empezando por tratarse exclusivamente de delitos contra la seguridad pública, cometidos “contra los servidores públicos” y el “régimen constitucional y legal”. Eso sí, demostrando que no hubo ningún interés más allá del político.
