Los máximos comandantes de la antigua guerrilla de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, "Timochenko", rechazaron el domingo en una comunicado a la opinión pública ser responsables del crimen de lesa humanidad de esclavitud contra los secuestrados que tuvieron en su poder, luego de que así lo consideró la Justicia Especial de Paz (JEP, justicia transicional) y la Procuraduría General (Ministerio Público).
"Sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las FARC fue una organización esclavista", dice el comunicado, firmado por, además de "Timochenko", Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Jaime Parra, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel y el senador por el partido Comunes (antes FARC) Julián Gallo, conocido como "Carlos Antonio Lozada".
En el comunicado, los exguerrilleros señalan que no comparten "la nueva calificación propuesta por la Procuraduría y aceptada por la Sala de Reconocimiento de la JEP", por lo que han decidido "interponer los recursos que contempla la ley y el Acuerdo".
Asimismo, dijeron que en el marco del Caso 01 de la JEP, denominado "Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC", han reconocido "con sinceridad que estos hechos, por su gravedad, son crímenes de guerra y de lesa humanidad", pero subrayan que de ningún modo reconocen el delito de esclavitud.
Esta es la primera vez que el antiguo grupo guerrillero no reconoce ante el tribunal de justicia transicional uno de los delitos que se les atribuyen.
El viernes, la Procuraduría comunicó que la JEP acogió un concepto del Ministerio Público en el que se concluyó que la extinta guerrilla de las FARC incurrió en el crimen de lesa humanidad de esclavitud, ya que obligó a los secuestrados a realizar trabajos forzados como castigo, lo cual además hacía parte de la política de secuestro.
El órgano de control documentó más de 70 casos en los que las víctimas de secuestros fueron obligadas a realizar trabajos forzados, siendo los más afectados por este fenómeno los campesinos y transportadores.
Asimismo, documentó varios casos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común.
"Estas conductas configuraron crímenes de lesa humanidad, por lo que los comparecientes del caso 01 (excombatientes de FARC) tendrán 10 días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad", precisó la Procuraduría.
Esa también fue la primera vez que se imputó este tipo de actos como parte de un patrón generalizado y sistemático de ataques dirigidos en contra de la población civil cometidos por parte de las antiguas FARC.
La JEP, creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana, juzga a la guerrilla de las FARC, militares y terceros que financiaron el conflicto armado en Colombia.
