Fueron unas 50 familias campesinas las que recibieron la finca Támesis, un bien inmueble que antes pertenecía a Jesús Alfonso Berrío, socio del paramilitar Vicente Castaño, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En el acto de entrega estuvieron presentes la ministra Cecilia López y el presidente Gustavo Petro Urrego, quien dijo que acciones como estas hacen parte de la reforma agraria que adelanta el Gobierno.
“Este primer día de este proceso de reforma agraria tiene que cobrar una velocidad tal que cuando lleguemos al último día de gobierno estemos al máximo, aún ese día, ministra (López), las actividades del presidente saliente deben ser entregar tierras. Esto es el cambio del modelo económico de Colombia, implica la profundización de su cultura, implica la base misma de la paz. Si vamos a hablar de paz es esto, es que las mayorías del campo o de la ciudad puedan acceder a los instrumentos de la creación de la riqueza”, expuso.
La funca que era de Berrío tiene unas 590 hectáreas y está ubicada a siete kilómetros de Montería, Córdoba. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) fue el ente encargado del proceso.
José Daniel Rojas, director de la SAE, señaló que el lugar es simbólico pues, desde allí, según él, se frustraron los sueños de los campesinos colombianos.
Petro pide investigar corrupción en bienes incautados a narcos
El presidente Gustavo Petro consideró este jueves como "uno de los peores hechos de corrupción" la desactualización del inventario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que gestiona los bienes que se les incautan a los narcotraficantes, una falta que será investigada por una mesa técnica en la que participará la Fiscalía.
"Si la ley ordena que la SAE debe actualizar el inventario, pues alguien incumplió la ley, así de simple, porque el inventario no está. Y eso implica una cadena de personas que han estado al frente de esta entidad que yo creo que deben ser investigados", consideró el mandatario en una rueda de prensa en Bogotá.
Según Petro, se trataría de "una cuantía enorme de dinero (...), billones de pesos" y de un "incumplimiento de la ley evidente" que podría tener "fines dolosos, porque qué intención puede existir en que el Estado no disponga con la información suficiente alrededor de bienes que o están en extinción de dominio en procesos que sigue el Poder Judicial o fueron ya extinguidos en su dominio y son propiedad pública".
La investigación será liderada por la Fiscalía, con la colaboración de la administración de la SAE, para lo que será necesario "una actividad arqueológica (...) que linda con el término de forense" de investigar la actividad de los últimos años del ente bajo la lupa, adelantó Petro.
El fiscal general, Francisco Barbosa, indicó que se investigará el "manejo de los activos o bienes que ha venido entregando la Fiscalía General de la Nación" a la SAE, para lo que detalló las pesquisas que ya ha adelantado la Fiscalía, centradas en la trazabilidad de los bienes que se entregaron al organismo.
Por el momento, se ha entregado una lista de 19.587 bienes que están discriminados a través de bienes rurales, urbanos, semovientes, vehículos, sociedades, establecimientos de comercio y otros relativos a dinero en efectivo, oro, joyas, aeronaves, embarcaciones.
Algunos de los bienes inmuebles, por ejemplo, permanecen en algunas ciudades en evidentes signos de decadencia y abandono desde que se les quitó el dominio a sus propietarios y pasaron a manos del Estado.
"Para qué se invirtió tantas vidas humanas en luchar contra el narcotráfico si al final, a la postre, el Estado terminó siendo el puente y el instrumento para devolverle el objetivo de su actividad ilícita" a los narcotraficantes, cuestionó Petro.
(Con información de EFE).
